Columna en El Mercurio: Los principales desafíos que tendrán los nuevos CFT estatales

• 4 de Febrero, 2017

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

Los 15 Centros de Formación Técnica (CFT) estatales creados por la Ley 20.910 representan una novedad en la forma de proveer educación superior técnica en el país. De toda la reforma educacional del gobierno esta es quizás la medida en la que se manifiesta más claramente la visión que promueve: una apuesta a la planificación de la oferta en educación y a la provisión estatal. Los desafíos de estas instituciones se relacionan, por una parte, a los problemas propios de estas ideas, y por otro, con el contexto que enfrentarán.

La normativa que crea estos centros apuesta a que en el aparato administrativo descentralizado del Estado se encuentra la clave para determinar qué tipo de educación técnica superior requiere cada región. Es por esto que fueron grupos de actores públicos (funcionarios de gobierno en su mayoría) los que determinaron la ubicación geográfica y la oferta educativa de cada uno de los centros a crear. Algunos de estos grupos hicieron estudios de mercado, mientras que otros se concentraron en procesos de consulta a la comunidad. Es de esperar que los métodos usados sean precisos, y que la oferta de carreras con las que los CFT estatales iniciarán sus operaciones sean efectivamente las que los estudiantes demandan y la región necesita.

El problema es que, dado que estas instituciones no deben someterse a un proceso de licenciamiento previo a ser autónomas (como si deben hacer las instituciones privadas), los primeros estudiantes que ingresen a los CFT estatales corren el riesgo de que la planificación haya errado y su carrera no tenga demanda en la región o que el CFT sea incapaz de proveerla con los estándares necesarios.

El hecho que la ley involucre a las universidades estatales regionales no es tampoco una garantía de calidad o de pertinencia. El conocido caso de la carrera de “perito criminalístico” en una universidad estatal demuestra que este escenario no es imposible. Además, entre 2009 y 2012, tres CFT dependientes de universidades del Estado debieron cerrar.

El dilema del financiamiento

Por otra parte, las ventajas de la provisión estatal son también sus debilidades. El presupuesto 2017 consideró cerca de 9.200 millones de pesos para los CFT estatales solo en infraestructura, más otros 1.200 para la operación. Sin duda esta inversión es necesaria, pero ¿cuánto perdurará? Además, se ha anunciado que los CFT estatales entrarán directamente y sin mediar requisitos a la gratuidad, por lo que su dependencia de fondos públicos aumentará aún más. Cuando las instituciones educativas dependen fuertemente del financiamiento directo del Estado, no solo están bajo su control, sino que cualquier estrechez fiscal termina por afectar su tamaño o su calidad. En Finlandia, según reporta el TimesHigherEducation, la crisis económica ha obligado al Estado a reducir en 500 millones de euros el presupuesto de educación superior en 2015. Algunas universidades han debido reducir su personal entre 350 y 1000 personas, y temen que sus académicos de mayor nivel dejen el país. Si los CFT estatales serán dependientes del fisco, serán extremadamente frágiles y sensibles a los vaivenes de nuestra economía, a las urgencias sociales, y a las preferencias de nuestros parlamentarios.

Finalmente, el contexto será un desafío importante para los CFT estatales. Durante los años 60, la planificación educacional tuvo éxito en la ampliación de la cobertura secundada, básicamente porque se desarrolló en el vacío. Este no es el caso actual. A la fecha existen cerca de 117 CFT en todas las regiones del país, que matriculan cerca de 150.000 estudiantes. Sometidos a las duras reglas del mercado y en algunos casos, a la acreditación, estos centros le llevan a delantera en calidad, prestigio, profesores, pertinencia y conexión con la industria local y nacional. Algunos han desarrollado currículos por competencias altamente especializados que requieren años de ensayo y error. No será fácil crear artificialmente un CFT estatal competitivo. Estos deberán demostrar en la cancha que están a la altura de las expectativas de la ley que los crea. Con todo, es de esperar que el gobierno no intente beneficiarlos de forma de generar una competencia desleal.

Leer columna en El Mercurio.