Columna en El Mercurio: No tropezar con la gratuidad

• 7 de Abril, 2019

Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.

Como ya es costumbre, la gratuidad se ha tomado la agenda, esta vez debido a los alumnos que pierden el beneficio por atrasarse en sus estudios más allá de los años formales de la carrera. Cabe recordar que esta regla, que era conocida por las instituciones al momento de adscribirse y ratificar su participación en la política, no parece haber contado con la atención necesaria en el momento de la discusión y ahora los planteles están sufriendo sus consecuencias. De hecho, en los últimos días algunos rectores han exigido extender la política al menos un año más, pues es claro que han llegado, por su propia mano, a una compleja situación financiera.

Desde el Gobierno se han mantenido firmes en que no existe posibilidad de aumentar los años de cobertura, debido a las restricciones presupuestarias y a las legítimas prioridades programáticas en educación escolar y parvularia. Se ha argumentado también que no les corresponde asumir las responsabilidades de la administración anterior ni la de los planteles. Una postura que es de toda lógica, pero contradictoria. Lo que aquí no se está dispuesto a ceder, sí se cede en otras iniciativas como la expansión de la gratuidad al séptimo decil en la educación técnico-profesional. Ambas vías de ampliación de esta política son inconvenientes. Esta falta de claridad por parte del Ejecutivo deja entrever una falta de visión de largo plazo y del sistema en su conjunto.

El proyecto de ley que reemplaza al CAE y crea el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) es el ejemplo insigne de esta problemática. En un principio, las líneas generales indicaban que se trataría de un sistema complementario a la gratuidad, que crearía un crédito subsidiado atingente al ingreso y sin la intervención de la banca. Hasta ahí, una solución bien encaminada que incluso resolvía los cabos sueltos de una política que ha demostrado tener un alto costo para el sistema. No obstante, la iniciativa integra en su diseño los errores de la gratuidad, fijando de manera indirecta los aranceles de los planteles para los alumnos del primer al sexto decil. Según una estimación de Acción Educar, el sistema en su conjunto deja de recibir cerca de 35.000 millones de pesos anuales. Es decir, una vez más les pone un techo a las instituciones de mayor calidad, ya que tendrán que ajustarse a los precios que determine el Estado, sin posibilidad de copago.

En este escenario, no solo gran parte de las casas de estudio adscritas a la gratuidad tendrán un constante déficit producto de la regulación de los aranceles, sino también aquellas fuera de esta política. Esto restringe sus posibilidades de crecer por sobre el precio fijado y les impide crear un plan de desarrollo donde puedan abrirse a la investigación e innovación, perjudicando especialmente a los planteles que no cuentan con aporte estatal directo.

El panorama es apremiante, pues afecta al sistema en su conjunto. Las trabas que se han impuesto para el desarrollo de las instituciones han hecho merma en la diversidad de proyectos y, más gravemente, en la posibilidad de generar conocimiento. A fin de cuentas, se ha logrado garantizar acceso e igualdad de oportunidades, pero a costo de perjudicar la calidad.

A pesar de los problemas que mantiene el SIFS, aún queda espacio en el Congreso para corregir, avanzando hacia un sistema de crédito robusto, único y sin discriminación entre instituciones, que permita el aporte de las familias como complemento al subsidio del Estado. Esta alternativa entrega una forma de apoyo financiero razonable para los alumnos gratuitos que se atrasen en sus carreras, además de responder a la necesidad de apoyo de los 800.000 estudiantes no gratuitos, sin causar problemas de déficit de los establecimientos ni restringir su diversidad y capacidad de crecimiento.

Para lograrlo, el Ejecutivo debe tomar una decisión: o sigue ajustando el sistema de educación superior a las políticas de financiamiento hoy imperantes o se decide por pensar una solución que, complementando la gratuidad, permita efectivamente promover un sistema diverso y complejo. Una hoja de ruta, para comenzar este camino, se encuentra en el programa de gobierno.

Leer columna en El Mercurio.