Columna en El Mercurio: Sistema Único de Admisión y reforma a la educación superior; casi todo pendiente

• 25 de Octubre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

La Ley de Educación Superior, promulgada en mayo de este año, estableció múltiples cambios en la normativa del sector, algunos más profundos que otros. ¿Qué nos encontramos cuando miramos las modificaciones al Sistema de Único de Admisión (SUA)? Entre los cambios radicales, destaca la transferencia de la administración del sistema desde un grupo de universidades, el Consejo de Rectores (Cruch), hacia la futura Subsecretaría de Educación Superior.

Esto es relevante, pues el hecho que un grupo de instituciones controle discrecionalmente un instrumento de admisión del cual hacen uso otros planteles, de calidad y prestigio comparable, era insostenible en el tiempo. Los puntajes de la PSU, además, se utilizan como criterio para el otorgamiento de ayudas estudiantiles, una materia de interés público que hacía incoherente un control corporativo de la prueba. El Cruch mantenía (y mantiene aún) una tutela de la admisión que no se condice con su importancia relativa ni con un sistema libre en el cual coexiste una diversidad de instituciones autónomas que son tratadas de manera relativamente ecuánime por el Estado.

En efecto, el Consejo de Rectores le imprime una mirada restringida al acceso, lo que le ha valido al sistema sus críticas más potentes. La más notoria es la sistemática discriminación de uno de sus principales instrumentos, la PSU, contra los estudiantes de la educación media técnico profesional. Estos alumnos, que crecientemente acceden a la educación superior técnica y universitaria, tienen menos horas de formación general respecto de los humanista-científicos, por lo que la PSU no se ajusta a las oportunidades de aprendizaje que ellos tienen.

La nueva ley incluye la posibilidad de que haya una mirada propia del mundo técnico profesional a la admisión, algo que era improbable bajo la conducción del Cruch. La educación técnico profesional no es la única que ha sufrido permanentes exclusiones. Hace poco, las universidades privadas no podían ser parte del sistema de admisión.

Luego les fue permitido participar del SUA a algunas de ellas, pero sin derecho alguno a decidir sobre el diseño, mejoramiento y administración de la PSU. En los últimos años se han tomado ciertas decisiones arbitrarias, de manera además inconsulta, que afectan particularmente a las instituciones privadas. Por ejemplo, el Cruch modificó la regulación relacionada a las carreras vespertinas (más fuertes en el mundo privado) para forzar a los estudiantes -que en promedio tienen 30 años- a rendir la PSU para ser admitidos como alumnos de manera regular.

A una casa de estudios privada se le negó la entrada al sistema de admisión por cuarta vez y de forma tan evidentemente discriminatoria que la Corte Suprema forzó al Cruch a retroceder argumentando igualdad ante la ley. En términos técnicos, la gestión del Cruch también plantea dudas. El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile, institución a cargo del diseño y aplicación de la prueba, dio a conocer al Consejo, en mayo del año pasado, un listado de modificaciones urgentes a la PSU: hasta la fecha se desconoce su grado de implementación. Se comprometió un comité técnico que evaluaría dichas propuestas de mejora, pero los tiempos no han sido los convenientes.

La transferencia de la administración del sistema, entonces, es una modernización necesaria y positiva. Sin embargo, la solución entregada por la ley no es del todo satisfactoria. Primero, porque la Subsecretaría de Educación Superior es también un actor interesado, y, al responder al gobierno de turno, no hay garantías de neutralidad.

La admisión es una pieza clave para la necesaria selectividad académica. Si esta se perdiera, por quizás encomiables voluntades políticas de igualdad a todo evento, el sistema se vería privado no solo de una señal clara de mérito académico, sino que enfrentaría una situación de ineficiencia mayor: uno de los objetivos de la PSU es lograr predecir el rendimiento académico futuro de los estudiantes. Sin esta predicción, cientos de miles de estudiantes perderían su tiempo en carreras y programas que no se ajustan a sus necesidades.

Segundo, porque en la nueva ley el diseño de los instrumentos (las pruebas u otros) queda a cargo de comités en los cuales sigue predominando el Cruch de manera inapelable. Este diseño perpetúa las discriminaciones contra las universidades privadas y se corre el riesgo que se utilice como una herramienta para desnivelar aún más la cancha contra las instituciones fuera del Consejo de Rectores. Las soluciones al problema de gobernanza del sistema de admisión no son complejas, pero requieren voluntad política.

El criterio de base debe ser que toda institución que participe del SUA debe tener el mismo derecho a influir en su diseño y administración, sin discriminaciones por fecha de fundación o calidad jurídica. Por su parte, la Subsecretaría de Educación Superior debe intervenir, pero su rol debe ser acotado: el de un mediador que resuelva las legítimas diferencias entre instituciones autónomas y el de un garante del cumplimiento de la ley para el desarrollo de políticas de calidad, acceso y equidad.

Leer columna en El Mercurio.