Columna en La Segunda: ¿Cómo apoyamos a los estudiantes?

• 15 de Noviembre, 2023

El pasado jueves se informó el eventual término del paro de profesores en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Luego de conocer los detalles del “acuerdo”, sólo cabe concluir que además de haberse actuado muy tarde, la solución es ante todo insuficiente: no aborda la situación en que se encuentran hoy los estudiantes y sus familias, ni los perjuicios que han sufrido. ¿Cuántos niños contaban con la escuela como un lugar seguro? ¿Cuántos cuidadores se vieron en la necesidad de pedir permisos laborales para cuidar a sus hijos? ¿Cuántos quedaron sin trabajo por ello? ¿Cómo se recupera la fe en el sistema que debe garantizar el derecho a la educación de esos niños?  

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En su última exposición ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el ministro Cataldo exhibió fotos de las reparaciones a los establecimientos educacionales, agradeciendo el apoyo de las empresas mineras de la región, alegrándose del logro de haber podido avanzar significativamente el último mes. El problema, catalogado en todo momento como grave, debió haber tenido sentido de urgencia desde un principio, cuando existían indicios de que se paralizaría el servicio educativo. Sin embargo, el acelerador se puso sólo cuando la situación explotó a la luz pública.

Señaló además que, dada la alta probabilidad de que los alumnos tengan un mal rendimiento en la PAES a fin de año, se les apoyará para que mejoren su desempeño en la que se rinde a mediados de año. Los alumnos pierden meses de preparación, que son fundamentales para sus trayectorias educativas, ¿y no hay disculpas por no haberlos apoyado antes? ¿cuántos estudiantes tendrán un mal resultado en la PAES producto de esto? ¿cuántos tendrán que volver a rendirla a mediados de año, perdiendo semestres de estudio y de futuros laborales?

Los responsables son dos. Primero, el Estado debió garantizar el derecho a la educación de esos niños, tomando todas las medidas necesarias para evitar situaciones injustas e ilegales, como es el caso de este paro. Desde un principio debieron ejercerse los descuentos ante las ausencias de trabajo. Preocupa las motivaciones para no ejercer las facultades legales a tiempo. Aquí han primado intereses políticos por sobre el respeto y protección de los derechos de las personas.

En segundo lugar, el Colegio de Profesores. No puede validarse su forma de actuar: aluden a la justicia social, pero no la practican. ¿Dónde queda la justicia para aquellos niños que llevan más de dos meses sin clases?

Ya es sabido es que la pérdida de clases, además de afectar el aprendizaje, repercute en el bienestar emocional de los estudiantes, haciéndolos aún más vulnerables. El Colegio de Profesores es consciente de ello, pero, aun así, decidió prolongar la suspensión de clases.

Hace falta empatía y un abordaje integral del problema. Vemos a un Ministerio enfocado en dar respuesta a los requerimientos del Colegio de Profesores, pero nada se ha dicho sobre cuantificar y reparar el perjuicio provocado a las familias de los estudiantes de Atacama. Hace falta un Gobierno movilizado para que los ministerios enfocados en desarrollo social, salud mental y trabajo puedan apoyar a las familias de la región. Estos son los primeros y directos afectados.

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