Columna en La Segunda: Crisis económica en educación superior

• 9 de Mayo, 2020

Por Sebastián Carpentier, investigador de Acción Educar.

Esta semana se inició la discusión en el Congreso del proyecto de ley que busca eximir de sus obligaciones pecuniarias a los estudiantes de todas las Instituciones de Educación Superior (IES) mientras esté vigente el estado de catástrofe y durante los tres meses posteriores al término de este último. Todos compartimos la intención de alivianar la carga financiera de las familias más afectadas por la crisis que se avecina, pero no podemos obviar el inminente daño colateral que implicaría la implementación de la iniciativa.

Al analizar la información financiera de las IES disponible para el año 2018 se obtiene que, si los estudiantes pagaran la mitad de sus aranceles, los ingresos totales de las instituciones caerían un 27%. Tal escenario implicaría que solo un 34% de los planteles contarían con suficientes recursos financieros para hacer frente a sus obligaciones de pago de corto plazo. Es decir, 86 instituciones no tendrían liquidez suficiente para solventar sus deudas: el perjuicio generado sería inmenso.

Peor sería la situación si se considera que se estaría alterando drásticamente la posibilidad de que los 620 mil estudiantes matriculados en dichas instituciones reciban una educación de calidad, sumado a la probabilidad de que algunas IES quiebren y los estudiantes queden sin casa de estudios. Más aún, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad laboral de 60 mil docentes y de miles de otros funcionarios que cumplen funciones administrativas u operativas. No es necesario que las medidas que se tomen para ayudar a los estudiantes y sus familias dañen de esta manera a la educación superior.

Sin duda existen alternativas menos nocivas que permitirían paliar la compleja realidad que vivirán miles de familias. Una opción interesante que se está barajando sería la habilitación de un préstamo solidario por parte del Estado que no generaría intereses.  Adicionalmente, dado que aún existen recursos disponibles para gratuidad becas y otros beneficios estatales, resulta urgente que se abra un nuevo proceso de postulación a través del FUAS, lo cual permitiría que quienes ya hayan visto mermados sus ingresos producto de la pandemia puedan acceder a los beneficios correspondientes a su nueva situación socioeconómica.      

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