Columna en La Segunda: Esperanzas para la educación superior

• 14 de Marzo, 2018

Por Trinidad Valdés, abogada de Acción Educar.

El afán de la ex Presidenta por dejar la gratuidad universal como uno de sus principales legados llevó a una aprobación apurada y desprolija del proyecto de educación superior. La complejidad y extensión de las materias deberían haberse visto con el tiempo y la rigurosidad que necesita el mentado cambio de paradigma. Sin embargo, se legisló a mata caballo resultando un proyecto repleto de incertidumbres.

Las últimas esperanzas de mejoras están en el Tribunal Constitucional, ante cuyo pronunciamiento existe expectación por la dudosa constitucionalidad de algunas de sus disposiciones. Destaca la prohibición a las instituciones de tener controladores con fines de lucro, lo que afecta el derecho de asociación y la libertad de enseñanza.

La exigencia de constituirse como persona jurídica sin fines de lucro, la obligación de destinar sus recursos y reinvertir sus excedentes según lo dispuesto en el proyecto, las sanciones asociadas; la regulación de las operaciones con relacionados el nuevo delito y las facultades de la Superintendencia; son suficientes para evitar el lucro. Así, el impedimento de tener controladores con fines de lucro carece de sentido, transgrediendo el principio de proporcionalidad. Por otra parte, esta prohibición tiene efecto retroactivo, ya que las instituciones deben reestructurarse afectando derechos adquiridos.

La fijación de aranceles incluso a los estudiantes no beneficiados por la gratuidad que asistan a instituciones adscritas a ésta, atenta contra la autonomía de las casas de estudio afectando su independencia administrativa y económica.

La eximición de las universidades Austral, de Concepción y Técnica Federico Santa María de todas las reglas para las instituciones de derecho privado sin fines de lucro, configura una discriminación arbitraria. Lo que también ocurre respecto al nivel de acreditación exigido para ingresar al CRUCh, sin que todas sus universidades la cumplan.

Por último, la regulación de la implementación de la gratuidad da cuenta de que el proyecto no está financiado, lo que transgrede la prohibición constitucional de aprobar nuevos gastos sin indicar las fuentes de recursos respectivas.

Existe inquietud sobre la forma en que el Tribunal Constitucional considerará estas materias ya que de eso depende que el defendido legado en educación no se convierta en una carga insostenible.

 

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