Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.
Un documento redactado por el rector de la UC, que analizó las minutas de reforma a la educación superior que impulsa el gobierno, calificó a esta última de “extremadamente estatista”, lo que ocasionó respuestas de autoridades y parlamentarios. Sin embargo, varios académicos y analistas ya han destacado que el aspecto estatista es uno de los más preocupantes de esta reforma.
¿Cómo se define este estatismo? No se trata, por suerte, de la añeja perspectiva que buscaba expropiar o nacionalizar iniciativas privadas. A través de un proceso menos directo, lo que se busca es desplazar a los privados (que lo hagan bien o mal, da lo mismo) mediante una competencia desleal desde el Estado, hasta marginarlos. En el caso de la educación superior, las minutas proponen un modelo en que las universidades estatales están protegidas de toda competencia, financiadas de forma independiente de las demás y excluidas de parte del control administrativo y legal propio de toda repartición pública. Esta competencia desleal ya se manifiesta en los proyectos de ley aprobados: los 15 centros de formación técnica estatales fueron creados como instituciones autónomas “por decreto”, es decir, no deben pasar por el proceso de licenciamiento por el que pasan las instituciones privadas, el que puede durar hasta 11 años. Las universidades estatales creadas el año pasado tienen financiamiento estatal de varios miles de millones de pesos, sin tener ni un solo estudiante matriculado.
Otra forma en que se manifiesta este estatismo es en la regulación. La reforma del gobierno busca concentrar en instituciones directamente dependientes del poder ejecutivo la facultad de cerrar, sancionar, multar y acreditar universidades. Es probable que el criterio de fiscalización sea notablemente más severo con las instituciones privadas que con las estatales, y estas últimas serán capturadas por los órganos fiscalizadores. El Estado, como juez y parte, tiene todos los incentivos para hacer la vista gorda con las fallas de sus propias instituciones, y ser extremadamente severo con las que le compiten. Parafraseando la célebre frase de Benito Juárez: para mis amigos todo, para mis enemigos, la ley.
Pero hay algo más profundo. El nuevo estatismo busca forzar un entramado institucional y regulatorio tan denso que obligue al privado que quiera crear o mantener una universidad a conformarse con un rol de observador, dejando al Estado a cargo del proyecto educativo y el futuro de la institución, la que siempre será secundaria a la universidad estatal. Un verdadero sistema de provisión mixta está en riesgo.
Ver columna en diario La Segunda