Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.
La discusión sobre los aranceles regulados nos pone frente a dos cursos de acción. La salida fácil: más fondos para paliar los déficits que produce la gratuidad. La opción responsable –y más compleja- es discutir con base en la evidencia las soluciones reales, pues lo que está en juego es nuestro sistema terciario.
La crítica a la gratuidad no es nueva. Carecía de una estrategia y visión futura de la educación superior, reduciendo el sistema de financiamiento a la sola política de gratuidad, sin comprender el aporte de las IES en generación de conocimiento e ignorante ante el funcionamiento del sistema, lo que se ve claramente reflejado con la regulación de aranceles definida por la ley. Tampoco ha logrado sus objetivos ni en equidad ni en calidad.
La necesidad de repensar el sistema de financiamiento es clara. Por una parte una visión comprensiva del sistema y el aporte que realiza en su conjunto, tanto en docencia como en generación de conocimientos. Ello permitiría avanzar hacia criterios de asignación de recursos en función de la calidad de las IES y su capacidad, en vez de criterios arbitrarios como su año de creación.
Por otro lado, es muy relevante la colaboración familia y Estado para el financiamiento de la educación superior en cuanto es un bien público, pero también privado. Cursar la educación terciaria permite una importante movilidad social que se refleja en las oportunidades laborales y salariales. Por lo que mediante los instrumentos adecuados es posible crear un sistema equitativo que logre garantizar la educación y otorgar gratuidad durante el tiempo de estudio a la vez de que exista una retribución futura de los egresados conforme a su nueva situación económica.
En lo inmediato es imprescindible la mejora del sistema de créditos y, a su vez suspender la ampliación de la gratuidad hacia los deciles 7, 8 y 9 y eliminar las restricciones de cobro para los alumnos de los deciles que aún no ingresan a la gratuidad como también de aquellos que se atrasan en sus estudios.
Por supuesto, nada de lo anterior resulta fácil, pero se requiere ante todo voluntad política por parte de los legisladores y de quienes lideran hoy las casas de estudio para exigir soluciones de fondo y no parches superficiales, de lo contrario seguiremos comulgando con ruedas de carreta.
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