Columna en La Segunda: Radiografía a la educación chilena

• 28 de Septiembre, 2023

Durante las últimas tres décadas, el país experimentó cambios significativos. La educación no ha sido la excepción. La reciente encuesta CASEN 2022 nos ha permitido caracterizar la evolución de sus principales variables durante los pasados 30 años. Ella muestra como el conjunto de trayectorias educativas en Chile ha mejorado significativamente, de la mano de la libertad de elección y de la diversidad de proyectos educativos.

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Entre 1992 y 2022, la tasa de asistencia neta a educación media aumentó desde 56,9% a 76,2% en los jóvenes entre 14 y 17 años. En educación superior, el porcentaje de asistentes entre 18 y 24 años experimentó una considerable alza, pasando de un 12,7% a un 41,1%. Al mismo tiempo, el porcentaje de mayores de 24 años de edad con un título universitario o técnico- profesional pasó de 8,8% a 26,3%. Aún más, en el tramo etario de entre 31 y 40 años, actualmente, un 39,6% de los individuos egresó de educación superior. Asimismo, la escolaridad promedio —y mediana— de los mayores de 18 años aumentó, desde 9 a 12 años.

Esta mejora sustantiva en la educación de la población chilena no ha sido una casualidad, ni fruto simple de una inercia nacional. Reformas como la educación media obligatoria (2003) consolidaron la respuesta institucional del país a la necesidad de aportar al pleno desarrollo de cada persona. Como fruto de dicha respuesta, hoy en día Chile presenta una de las escolaridades más altas de Latinoamérica y una alta profesionalización de su población. Tres elementos fueron claves para dicha evolución: (i) la protección del derecho de libertad de enseñanza, que derivó en un crecimiento sostenido y beneficioso de los proyectos educativos particulares; (ii) la subvención educacional equitativa y por estudiante, que materializó la libertad de elección de las familias y les brindó poder de decisión sobre el sistema educativo; y (iii) la valoración de la educación formal y la conciencia de su importancia por parte de los
padres y tutores.

Durante la última década, sin embargo, estos elementos, que fueron fundamentales para la consolidación de la cobertura, han experimentado un deterioro. En primer lugar, determinadas disposiciones legales (e.g. la restricción de demanda insatisfecha de la ley 20.845) limitaron y restringieron la capacidad de expansión y adaptación de la oferta educativa privada, al limitar la libertad de enseñanza en forma excesiva. En segundo lugar, la valoración de las familias por la escuela parece haber empeorado, en parte por causa de la ausencia de continuidad en muchos servicios educativos y la escalada de violencia en y alrededor de los establecimientos. Al mismo tiempo, en el nivel de parvularia, se ha observado, por primera vez en 30 años, una caída en la tasa de asistencia neta —de 51,2% a 48,8% entre 2017 y 2022—. En tercer lugar, en las últimas semanas el Ministerio de Educación ha expresado la intención de eliminar la
subvención por estudiante, dejando, probablemente, al arbitrio de la autoridad administrativa el trato que cada individuo recibe por parte del Estado en materia de recursos fiscales para la educación. En suma, los tres elementos mencionados —libertad de enseñanza, valoración de la educación y financiamiento equitativo— han sido perjudicados o amenazados por factores institucionales de diversa relevancia.

No hay duda alguna de que estamos en un proceso de transición para la educación chilena. Las necesidades de la reactivación educativa, que por sí mismas requieren el especial esfuerzo de la autoridad gubernamental, podrían ser una oportunidad para reconocer y potenciar las virtudes del sistema educacional, así como para corregir errores surgidos de reformas que se han amontonado, unas sobre otras, sin llegar a implementarse de forma adecuada. La necesidad, hoy, es volver a enmendar el rumbo.

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