Columna en La Segunda: Un paso atrás en convivencia escolar
Los problemas de convivencia escolar han ido en aumento, generado tensión y preocupación al interior de las comunidades educativas, quienes, ya exigidas, deben enfrentar situaciones cada vez más graves y complejas: falta de profesionales y recursos; déficit en infraestructura, excesiva carga de trabajo; problemas de salud mental; consumo y tráfico de drogas; episodios de violencia extrema, están a la orden del día.
En este contexto, y con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, el Ministerio de Educación presentó un proyecto de ley sobre convivencia escolar. Sin embargo, la propuesta no avanza en la dirección correcta, al proponer medidas inadecuadas e insuficientes para atender los desafíos que hoy enfrentan los colegios en esta materia.
En primer lugar, exige obligaciones impracticables, como el deber de incorporar en el reglamento interno “la descripción precisa de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes” de la comunidad educativa, mientras que, al mismo tiempo, los responsabiliza de manera excesiva por problemas de convivencia, fijando incluso sanciones, sin permitir la aplicación de otros criterios o visiones en torno a esta problemática.
Por otra parte, el proyecto establece, en su mayoría, medidas de carácter más bien formal, sistematizando el procedimiento que deberán aplicar los colegios en materia de convivencia, sin reparar en que estos no se corrigen únicamente regulando la “forma” en que estos se abordan. Con ello, la propuesta se queda corta al desatender las causas que originan las graves situaciones que se pretende evitar, cuestión que requiere de soluciones diversas y una más mirada integral, que lo comprenda cómo un fenómeno complejo, dinámico y multicausal.
Por otra parte, el proyecto limita la gobernanza y capacidad de gestión al interior de los establecimientos educacionales, al establecer, por ejemplo, facultades resolutivas de forma obligatoria para el Consejo Escolar, siendo la más grave de todas, la facultad que se le entrega para aprobar (o rechazar) modificaciones al reglamento interno, cuestión que constituye una intromisión directa en el proyecto educativo, vulnerando su libertad de enseñanza. Este derecho supone el respeto y protección a la autonomía del sostenedor para llevar adelante su proyecto educativo.
Lo anterior se agrava aún más, al considerar que la iniciativa propuesta por el Ministerio de Educación sólo contempla recursos para aumentar funcionarios públicos y nuevos instrumentos de medición, sin entregar financiamiento ni herramientas que vayan en beneficio directo de las escuelas, los estudiantes, y sus familias, desatendiendo nuevamente el foco de las necesidades más urgentes.
Por ello, urge colaborar con la labor educativa a través de políticas públicas que permitan una coordinación y trabajo virtuoso entre todos los miembros de la comunidad educativa, respetando la libertad de enseñanza y diversidad de proyectos educativos. Esto es esencial para una buena convivencia, dado que para que esta sea exitosa, se requiere de una gestión que imprima un sello dentro la comunidad, fortaleciendo el trabajo de directivos, docentes, asistentes y funcionarios, como también el rol de las familias y la responsabilidad que les cabe dentro del proceso educativo. Ese debe ser el norte, en vez de imponer una única forma de abordar esta difícil problemática.
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