Columna en La Tercera: Algunas incógnitas del Presupuesto en Educación Superior

• 28 de Septiembre, 2016

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

Estamos prontos a que la discusión presupuestaria se tome la agenda pública. En educación superior este debate es particularmente importante, dado que la reforma educacional más emblemática del gobierno fue impulsada por una glosa presupuestaria que financió la gratuidad para algunos estudiantes en un grupo de universidades en 2016. La principal incógnita es cómo se enfrentará este tema en el Presupuesto 2017.

Ya a fines de abril de este año, el gobierno dejó entrever que no descartaba repetir la accidentada estrategia para 2017. Recordemos que la glosa 2016 terminó siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional por ser discriminatoria. Para salir jugando, el gobierno diseñó una ley corta que permitió que el beneficio se mantuviera, pero debió cambiar los requisitos para que universidades estatales de baja acreditación pudieran acceder. Todo esto a solo días de que se entregaran los resultados de la PSU, aumentando en forma considerable la incertidumbre para los estudiantes y sus familias. Curiosamente, el Ministerio luego confesaría que este arreglo implicó que algunas universidades se “colaran” a la gratuidad, lo que sugiere su voluntad de excluirlas originalmente. Tomando todo esto en consideración, es de esperar que la nueva glosa (1) no sea discriminatoria hacia ningún estudiante que cumpla los requisitos socioeconómicos (2) que no implique un perjuicio para las instituciones ni para el sistema.

Respecto del primer punto, los anuncios del pasado 21 de mayo hacen pensar que la versión 2017 de la gratuidad será menos discriminatoria para los estudiantes, ya que también serán elegibles los matriculados en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Lo que no puede ocurrir es que los requisitos excluyan deliberadamente a instituciones que, a pesar de matricular estudiantes vulnerables y cumplir con la acreditación, no son del gusto del gobierno, porque ello termina discriminando a sus alumnos. A este respecto, es clave conocer cómo se enfrentará el hecho que existen IP y CFT acreditados y de gran tamaño que se organizan legítimamente como instituciones con fines de lucro, y que serán muy probablemente excluidos por la glosa. El proyecto de transformación actualmente en discusión en el Senado no se ha configurado como una solución para este problema.

Respecto del segundo punto, el problema central de la gratuidad 2016 es que implica, por diseño, un déficit financiero para las instituciones que adscriben, dado que deben someterse a un arancel regulado. Pero eso no es todo, el Presupuesto tampoco debe descuidar a la gran mayoría de los estudiantes que no se benefician de la gratuidad y a las instituciones que los reciben. En este sentido, hay dos elementos a observar. Primero, no pueden seguir sacrificándose otras líneas de financiamiento que ya han sufrido mermas importantes, como el Aporte Fiscal Indirecto y las becas. Asimismo, se debe tener cuidado que el entusiasmo por la gratuidad del pregrado afecte el financiamiento público de las muchas otras funciones que cumplen las universidades. La más evidente es la investigación: datos recientes del Ministerio de Economía indican que apenas gastamos 0.38% del PIB en investigación, versus el 2.36%  de la OECD.

La palabra la tiene el Ministerio de Hacienda.

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