Columna en La Tercera: Crisis de universidades y nueva institucionalidad

• 12 de Diciembre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

La incertidumbre que viven hoy los cerca de 2.000 estudiantes y los respectivos académicos de la Universidad del Pacífico (UPA) no es un reflejo de un sistema en crisis, sino de la necesidad y urgencia de implementar la nueva institucionalidad que el país se ha dado. Imaginemos situaciones similares a las que se han conocido, pero con la Ley de Educación Superior en régimen.

Primer escenario. En 2014, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) determinó que la UPA no cumplía los estándares mínimos para la certificación. Aunque hizo ver muchas fallas, el informe puso especial énfasis en la débil situación financiera del plantel. Sin perjuicio de ello, el Consejo Nacional de Educación (CNED), instancia de apelación a la que la casa de estudios recurrió, determinó acreditarla por tres años.

En caso de estar vigente la Superintendencia, habría estado alerta del estado financiero de la UPA y en pleno conocimiento de todos los antecedentes. Lo más probable es que dicho organismo hubiese concurrido al CNED en la instancia de apelación, demostrando que la situación financiera no era sustentable. Supongamos que el CNED, a pesar de los antecedentes, mantuviera la acreditación, la fiscalización sobre la UPA hubiera sido especialmente intensa, y la Superintendencia habría colaborado en la búsqueda de una solución óptima antes de la crisis.

Segundo escenario. La UPA obtuvo su acreditación de tres años, que la nueva Ley de Educación Superior denomina “básica”. Dicha normativa faculta a la CNA para supervisar la apertura de nuevas carreras o sedes en instituciones que tengan este nivel acreditación. Esto habría ayudado a restringir la entrada de alumnos a un proyecto inestable. Si el problema financiero no estuviese solucionado a estas alturas (que fue lo que ocurrió), los estudiantes podrían haber sido informados mediante los informes resultantes de las visitas de seguimiento de la CNA.

Tercer escenario. La UPA decidió, en marzo de 2017, no reacreditarse. Esto habría implicado automáticamente un proceso de intervención. La institución no podría haber recibido nuevos estudiantes y habría sido obligada a iniciar un proceso de certificación. Dado que no estaba en condiciones de acreditarse (como efectivamente ocurrió en 2018), se habría procedido al cierre de la UPA.

La Ley del Administrador Provisional, vigente desde hace tres años, le otorga facultades suficientes al Ministerio de Educación para enfrentar los procesos de crisis de instituciones, pero no para prevenirlos. Hoy lo único que corresponde es actuar de manera rápida y decidida para asegurar que los alumnos puedan ser reubicados y la institución cerrada. Para ello, el Mineduc debe tomar control de la universidad, algo que no quisiéramos que ocurriera, pero ya es tarde para otro camino. Con la nueva institucionalidad que entra en vigencia en mayo, aún con todas sus fallas, quizás la historia habría sido distinta.

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