Columna en La Tercera: Dos lecciones del asunto Pey

• 17 de Agosto, 2016

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

La remoción de la académica Roxana Pey de la rectoría de la recientemente creada Universidad de Aysén y los atrasos reportados en la instalación de la Universidad de O’Higgins, permiten sacar dos lecciones importantes que debemos tener presentes para la discusión que viene en educación superior.

La primera lección tiene que ver con la autonomía universitaria. No es mi objetivo comentar si la U. de Aysén existe como tal o no, y en el caso que sí, si sería entonces objeto de dicha autonomía que le reconoce la ley a estas instituciones. Me interesa que se observe cómo esta anécdota muestra con claridad la visión que tiene el gobierno con respecto a las universidades estatales. El gobierno espera apoyar económicamente a estas instituciones, pero no a cambio de nada. Más recursos y un trato preferente vienen de la mano de mayor control. Por ejemplo, la moneda de cambio de la gratuidad es la fijación de vacantes, de aranceles y de un nuevo sistema de admisión. La advertencia es clara, si las universidades pierden la posibilidad de autofinanciarse y dependen totalmente del fisco, serán inexorablemente dependientes de la voluntad del gobierno. Nótese que esto es válido para todas las instituciones del sistema.

La segunda lección tiene que ver con cómo el gobierno despreció la institucionalidad vigente (en particular el Consejo Nacional de Educación, CNED) y la tradición académica de las universidades estatales existentes, motivado por un voluntarismo que hoy muestra problemas. Los planteles de O’Higgins y Aysén fueron creados “autónomos”, es decir, se les evitó el engorroso pero formativo proceso de licenciamiento que toda institución de educación superior en Chile debe aprobar ante el CNED para ganar su autonomía institucional, y que puede durar hasta 11 años. Esto es de la mayor relevancia, porque el licenciamiento es obligatorio para las instituciones privadas, y su objetivo es justamente asegurar ante un organismo experto que la institución cumple con las condiciones mínimas para operar. Se pretendió hacer por decreto universidades autónomas que en un año cumplieran requisitos que a las privadas les toma al menos cinco. Aunque no sabemos si el panorama cambiará en marzo, es muy probable que ninguna de las dos universidades cumpla con lo prometido. Una cosa es criticar la institucionalidad y querer reformarla, otra es despreciarla, “saltársela” y fracasar.

El gobierno también despreció la tradición académica de las universidades estatales. En estas casas de estudio, los rectores son elegidos por la comunidad académica, y por lo tanto, los representan. Su legitimidad se origina en su calidad de líderes de quienes en teoría son las personas más y mejor preparadas del país. Esta condición no puede reemplazarse por un nombramiento presidencial.

Quizás parezca rebuscado, pero esta falta de visión va en la misma línea que la sugerencia de la ministra Delpiano de transformar, de un plumazo, en universidades estatales a la U. de Concepción, Austral de Chile y Federico Santa María. Esto muestra una incomprensión profunda de las tradiciones de las comunidades académicas en Chile.

Ha ido quedando claro que el diseño y puesta en marcha de estas universidades se hizo apresuradamente. Sin embargo, hay una oportunidad de tomar las lecciones y darle al desarrollo de estas instituciones un plazo razonable para que puedan definir más claramente su rol dentro del sistema de universidades del Estado.

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