Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
Una de las reformas estructurales más grandes del gobierno de la Presidenta Bachelet fue la creación de la nueva educación pública, también conocida como desmunicipalización. Si bien tiene muchos focos, su objetivo principal es transferir, desde los municipios, la administración de los colegios públicos a nuevos servicios locales de educación. Estos nuevos servicios, de mayor volumen, mejor administración y giro único, prometen ser una mejora frente a los problemas empíricamente identificados en la administración municipal. Si bien hay detractores, que citan principalmente casos de buena gestión educacional en los alcaldes, nadie ha sugerido volver al modelo anterior. Si existen muchas ideas de cómo mejorar la ley que tenemos, que parece no dar el ancho ante las dificultades que se han encontrado en la implementación de este monumental cambio.
Esta ley incluye la obligación del Ministerio de Educación de rendir cuenta ante el Congreso del estado de implementación de esta política, y eso ocurrió el lunes de esta semana. La presentación de las autoridades fue correcta y recorrió los desafíos y propuso soluciones, mostrando con bastante claridad que las dificultades que se esperaban (es cosa de revisar la historia de la ley) están ocurriendo, y se están enfrentando.
Pero lo más relevante de aquella rendición de cuentas no fue el actuar del Ministerio, que se ciñó a su deber legal. Llamó la atención la virulencia y agresividad de parte de la oposición, que, según mostraba la trasmisión en vivo, superó el estándar de un normal intercambio de visiones contrapuestas. Existen honrosas excepciones: el diputado Winter y la diputada Rojas no solo se mostraron informados y genuinamente interesados, sino que hicieron ver preocupaciones que cualquier ciudadano podría compartir.
No fue el caso de otros parlamentarios. Algunos parecieron algo alterados, incómodos, y al final, más interesados en acusar a la Ministra de lo que fuera antes que de escuchar lo que la autoridad tenía que decir. Las palabras utilizadas, el tono y la gestualidad, recordaban a una interpelación, cuando de ninguna manera debía ser el tono de la instancia, sobretodo cuando fue el Ministerio el que solicitó rendir cuenta voluntariamente. Pareciera que esta rendición de cuentas no se desarrolló de la manera que esperaban.
Solo una explicación me parece razonable. Varios parlamentarios de la oposición olvidaron la visión de Estado que merece la Educación Pública, y prefirieron convertir una instancia eventualmente republicana en un linchamiento fracasado a una autoridad. Las lógicas de la política parlamentaria son así, pero uno habría esperado una excepción en virtud del tema. El Ministerio, a pesar de los significativos problemas y desvelos que le está implicando implementar la complejísima política de desmunicipalización, fue transparente en mostrar desafíos y acciones, y se abstuvo de convertir la instancia en un despliegue político. Pero esa deferencia no fue correspondida por parte de la oposición. Esto no es lo que se espera para la educación pública, que por definición es de todos. La pelota no se mancha.