Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
El programa de gobierno de Gabriel Boric en temas de educación es del mayor interés. Antes que nada, porque el origen político del candidato está ligado a las tomas y protestas estudiantiles del año 2011, que trataron de ser encauzadas por una serie de reformas estructurales del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que fueron además políticamente prioritarias para dicha administración. Es entonces evidente que hay que mirar sus propuestas con especial atención.
Lo primero que destaca es su lenguaje: si bien es esperable que todo programa de gobierno sea un conjunto de promesas especialmente adornadas mediante las palabras, aquí estamos frente a algo especial. Bajo el título “Transformar el paradigma educativo, con base en el enfoque de derechos y una perspectiva integral, transformadora y humanizadora de la educación” se encuentran una serie de medidas y conceptos que uno esperaría definiera y explicara para entender cómo se pretende hacer tal transformación, pero la verdad es que todas son directrices de política que de alguna forma ya existen.
Lo único concreto – y nada ingenioso la verdad – es la eliminación del Simce y el “carácter resolutivo” de los consejos escolares.
Llama la atención, asimismo, la confianza excesiva en la acción estatal. En el conjunto del programa de educación se propone crear, desde su administración, seis “sistemas” diferentes para conducir y coordinar al sistema educacional, más una agencia y un consejo. La coordinación interministerial siempre suena a buena idea, pero es muy difícil de implementar. Sin embargo, yendo al fondo: estas medidas suponen y asumen que el problema de la educación es de coordinación entre entidades estatales, cuando en realidad tiene que ver con la excesiva regulación y la carga que ésta implica sobre las instituciones, la duplicidad de funciones y la abundante burocracia. Proponer más y más sistemas solo terminará implicando menor autonomía y libertad de los establecimientos para dedicarse a lo que deben. En simple, menos tiempo para educar y más tiempo para tramitar.
Notoriamente, es en materia de financiamiento donde las intenciones de la candidatura se liberan de toda retórica y se expresan con toda transparencia. En educación escolar, eliminación de la subvención como sistema de financiamiento único para la totalidad del sistema, proveyendo un sistema basal para la educación pública que solo terminará profundizando la discriminación arbitraria entre los estudiantes que eligen la educación pública y la particular subvencionada. En educación superior no se toman la molestia de esconderlo: se propone aumentar los fondos
basales de las universidades del Estado (solo 16% de la matrícula), sin mención a las universidades, IP y CFT privados. De hecho, a estos estudiantes se les informa que se condonarán los créditos (lo que abre una infinidad de interrogantes técnicas y de justicia con quienes ya pagaron), pero no se propone nada en su reemplazo. Se nos obliga entonces a entender que “superar el modelo neoliberal” significa en la práctica quitarle recursos a los niños y estudiantes que no eligen la educación de preferencia del candidato.
Finalmente, la sección dedicada a los docentes resulta igualmente reveladora. Se trata del reflejo de un rasgo que ha demostrado la oposición durante esta administración: una concesión total y acrítica a las demandas de las directivas de los gremios docentes y asistentes de la educación. Poniendo los intereses de sus directivas al centro, el programa reproduce lo que fue la actitud pasiva y condescendiente de la oposición a la negativa de la directiva del Colegio de Profesores a retornar a clases presenciales, llegando incluso el parlamento a hacerse parte de una acusación
constitucional que la directiva impulsó. En educación, como en todo sector, hay muchos intereses en pugna. Uno esperaría que primara el de los niños.
¿Qué se concluye? Más maquinaria estatal, abundante retórica, pocas ideas nuevas y la ya tradicional obsesión con demoler la educación particular subvencionada y las universidades, CFT e IP no estatales. En síntesis, el ruido y la furia de una conocida retroexcavadora.