Columna en La Tercera: Fin de los privilegios, bienvenidos los resultados

• 20 de Julio, 2016

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

No seré yo quien defienda el proyecto de ley de educación superior presentado la semana pasada. La gratuidad universal es poco más que una muy mala idea. Sin embargo, hay un aspecto del financiamiento que ha sido injustamente criticado y representa un diseño de política inteligente y sustantivamente mejor que lo vigente. Me refiero al reemplazo gradual de los Aportes Fiscales Directos por un nuevo Fondo de Investigación y Creación Artística.

Los Aportes Fiscales Directos (AFD) son una política pública pre-moderna, más parecida a una cesión de títulos nobiliarios o a la asignación de una encomienda que a una política de una república (cada vez menos) liberal. Las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) lo reciben por el solo hecho de que su fecha de fundación es anterior a 1981. Su asignación es simplona y excesivamente fija: un 95% se entrega en relación a lo que se recibió el año anterior y no se debe rendir cuenta públicamente sobre su uso. Y esto ha sido más o menos así por más de treinta años.

Pero lo anterior no refleja toda la magnitud de la injusticia y la arbitrariedad. Algunas universidades privadas que fueron fundadas en 1991 igual lo reciben, solo porque se derivan de otras más antiguas. Otras llevan 50 años funcionando, tienen apenas 3 años de acreditación, y también beneficiadas con el fondo. No existe ninguna justificación sustentada en la razón pública que nos lleve a concluir que este grupo de universidades merece este financiamiento en las condiciones que se entrega.

El proyecto de ley, que tiene muchos aspectos criticables, se hizo cargo de este problema de una forma práctica y bien pensada. Primero, se reemplaza el criterio feudal antes descrito por uno basado en indicadores o parámetros relacionados al desempeño de las universidades en investigación y creación artística, y segundo, está abierto a universidades fuera del CRUCH. Cada universidad recibirá en proporción a sus logros, y no en base a privilegios o glorias pasadas. Se incluye una estrategia de transición que asegura por un tiempo razonable los fondos a las universidades que hoy reciben el AFD, para evitar que se desfinancien (algo que se pudo haber hecho cuando se redujo el AFI a la mitad). Sorprende entonces que algunos parlamentarios oficialistas se hayan opuesto a esta buena idea.

Las universidades estatales, que por el hecho de serlo son esencialmente diferentes al resto, tienen un fondo especial y exclusivo (artículo 188), que se alinea con lo que ha sido el discurso político de este gobierno en relación a la educación provista por el Estado. Se trata de un “trato preferente” razonable, quizás hasta deseable.

Solo tiene una falla lamentable: estará disponible exclusivamente para las universidades que adhieran a la gratuidad. Esto hace pensar que quizás este fondo tiene por finalidad solucionar los déficits que generará esta política en las universidades. También es contra intuitivo que, en un régimen de acreditación sancionatoria y obligatoria como el que se propone, este fondo no sea para todas las  universidades acreditadas.Pero todavía queda debate para perfeccionarlo.

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