Columna en La Tercera: Focos de preocupación ante el nuevo CAE

• 3 de Septiembre, 2024

El Mineduc se encuentra desarrollando una serie de reuniones con fuerzas parlamentarias de oposición, socializando las ideas generales del anunciado proyecto de condonación y reemplazo del Crédito con Aval del Estado. De estas conversaciones no han trascendido detalles del diseño de la propuesta, su costo fiscal o alternativamente, el significado del curioso concepto de “financiamiento autocontenido” que el ministro Marcel ha utilizado. No se sabe mucho.

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Lo que si se ha sabido es que la recepción de los parlamentarios de oposición a estas conversaciones ha sido de cierta apertura y disposición. No hubo frases duras ni cuñas explosivas. No se podría deducir que existe una falta de disposición al diálogo. Pero dos hipótesis son posibles.

La primera es que el diseño del proyecto sea tan sólido y consistente, tan bien pensado, que no daría espacio para objeciones. La oposición solo requeriría plantear puntos accesorios y el problema de la condonación del CAE estaría resuelto. La segunda hipótesis es que el gobierno haya hecho una comunicación selectiva (el concepto anglófono de “cherry-picking” está de moda) de las características de su proyecto, amplificando los elementos donde habría acuerdo y omitiendo los que generan más controversia o son más dados a la discusión. Esta última hipótesis parece algo más realista.

Y es que existen consensos sobre los problemas del CAE. El Presidente Piñera presentó un proyecto de ley (que el actual oficialismo se dio el irresponsable lujo de no tramitar) que no solo abordaba el problema del sobreendeudamiento, sino que proponía un crédito estatal como reemplazo. Por otra parte, la morosidad, empujada por proyectos de ley irresponsables y por los anuncios de campaña, ha aumentado mucho, obligando al Estado a pagar onerosas garantías. En suma, nadie puede decir que hay oposición a abordar el problema del CAE. O más claro: si no fuera por el oficialismo, el CAE se habría terminado en 2018.

Concentrarse en los consensos, entonces, parece buena estrategia. ¿Pero se extenderán los acuerdos al resto de la propuesta? No lo sabemos, pero al menos hay dos puntos de preocupación: la “letra chica” de la condonación y el diseño del instrumento de financiamiento de reemplazo.

En el caso de la condonación, el gobierno ha dicho que esta será más focalizada que la promesa electoral, será una “solución justa”, y no una “burrada”, como dijo la ministra del Interior. Pero ¿cuál será el criterio?, ¿cuántos y cómo serán condonados los beneficiados? ¿En qué monto?, ¿u orden? Cual bono marzo, la pregunta será a quién le tocó y a quién no. No se ve una solución fácil a esto, más bien se avizora un entramado de conflictos morales sobre qué es más justo, el que será resuelto con la nunca bienvenida pero siempre necesaria frialdad de la Dirección de Presupuestos.

Respecto al instrumento de reemplazo, el conflicto de adelanta más complejo aún. Lo que uno puede prever es que el gobierno buscará extender el diseño de fijación de precios y vacantes de la gratuidad a todo el sistema. Esto, en otras palabras, extenderá el déficit financiero que sufre el sistema (señeras universidades ya han caído en crisis), y, lo más preocupante, ampliará el control del Estado sobre el destino del sistema de educación superior. El diseño de la gratuidad, además de deficitario, no genera acuerdo: las universidades se encuentran en permanente estado de alerta por la arbitrariedad de la Subsecretaría a la hora de fijar precios y vacantes de sus carreras. Algunas han visto comprometida la continuidad de su operación por la mala decisión de haber entrado a una política pública que desde el inicio estuvo mal pensada.

La discusión del proyecto de condonación del CAE debe ser profunda, y tomar en cuenta la enorme complejidad del sistema de educación superior. También debe considerar los errores de las políticas vigentes y las que se buscan reemplazar. Nada de esto será fácil.