Columna en La Tercera: Gratuidad de Felipe Kast
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
El senador de Evópoli Felipe Kast ha propuesto una alternativa de financiamiento de la docencia en educación superior, calificada de solidaria, con la idea de reemplazar la deficiente fórmula actual de gratuidad.
Lo que se conoce públicamente es lo siguiente: se garantizaría un acceso totalmente gratuito a la educación superior al momento de estudiar. Los estudiantes deberán, luego de egresar, pagar un impuesto de 10% de sus ingresos durante un máximo de 10 años, a menos que se pague antes el monto total entregado por el Fisco.
Esta propuesta ha tenido poco eco. No es porque sea una mala idea – es mejor que lo que tenemos – sino porque la iniciativa se introduce en términos muy generales a una discusión ya avanzada. Para impulsar el debate hace faltan más detalles, pues es en ellos donde yacen las mayores dificultades para evaluar la viabilidad de esta solución.
La primera pregunta que debe responder la propuesta de Felipe Kast es cómo se fijará el monto a entregar por alumno a cada institución. La gratuidad actual opta por un “arancel regulado”, que el Ministerio de Educación debe definir en base a los costos de impartir la carrera que se estudia, considerando además otras variables como la región y la acreditación de la institución. Esta fórmula es inadecuada: hace a las instituciones totalmente dependientes del fisco, desfinancia sistemáticamente a los planteles, pues siempre entrega menos que lo que cuesta educar y pone un techo a la calidad fijado por el Estado, discrimina y condena a las casas de estudio que no tienen el privilegio injustificable de los fondos basales; fuerza una estructura de costos única, quitándole toda la autonomía económica a las instituciones; y homogeniza la educación superior como si fuera un producto estandarizable. Sus impulsores usualmente no evaden estas críticas, pero hacen ver que fijar precios es la única forma directa que tiene el Estado de evitar una eventual alza indiscriminada de aranceles y controlar el gasto. Entonces, la gratuidad de Kast debe estipular si el Fisco financiará el arancel real – el precio que fije cada institución – o un arancel fijado. Si se opta por la primera, los costos fiscales serán exorbitantes; si se opta por la segunda, la propuesta de Evópoli replicaría los graves problemas de la gratuidad vigente.
La segunda pregunta es sobre la restitución de los recursos. A diferencia de la gratuidad actual esta propuesta incluye un pago posterior a los estudios por parte del egresado. Para evaluarse, la idea de un cuota fija del 10% de los ingresos debe ponerse en contexto de los créditos subsidiados vigentes o en discusión. La cuota del Fondo Solidario de Crédito Universitario es de 5%, el proyecto del actual gobierno que se encuentra en trámite ofrece como tope hasta 10% sin condiciones, y el CAE 2012 hoy vigente permite fijar como tope una cuota de 10%, con la condición de que el estudiante esté con sus pagos al día. En resumen: una cuota de 10% fijo es un monto alto para lo que se ha ofrecido hasta ahora en los créditos que existen. Así, su viabilidad política es dudosa, pues desde la perspectiva del estudiante es peor que lo que hay, y para qué hablar de la gratuidad vigente. Por otra parte, como este 10% se suma a las cotizaciones que ya pagan trabajadores chilenos se incentiva la informalidad especialmente en los recién egresados. Si se establecen 10 años como tope de plazo de pago, debe haber claridad de qué ocurre cuando el beneficiado está cesante. Si el plazo se prorroga en caso de cesantía (se tratará entonces de un tope de pago de 10 años de trabajo formal) no parece haber mayor problema. Si los 10 años son fijos, no solo se aumenta el incentivo a la informalidad, sino que el crédito se hace enormemente oneroso para el Fisco, pues es difícil que en 10 años se logren restituir los recursos.
Como conclusión, es deseable que el senador Kast establezca rápidamente un diálogo con el Ministerio de Educación, pues dicha repartición lleva 10 meses discutiendo un Sistema de Financiamientoj Solidario (SIFS) para la educación superior que tiene parámetros similares, y le hace falta ayuda. Lo óptimo sería que la fuerza e inteligencia del parlamentario se pusiera al servicio de hacer el SIFS más liberal, evitando la fijación estatal de precios y la vulneración de la autonomía de las universidades. Eso se hace convenciendo al Ejecutivo de abandonar la absurda idea de diseñar una “gratuidad por otros medios” al incluir en su crédito la prohibición del copago, y en su lugar dedicarse a diseñar un buen sistema de préstamos contingentes al ingreso y sin los bancos. Lo ideal, sería que permeara una visión auténticamente liberal que permitiera al gobierno deshacerse de la desastrosa fórmula actual de gratuidad o al menos dejar de expandirla. Pero ello no es más que un sueño de una noche de verano.
Escrito por Daniel Rodríguez Morales
Director ejecutivo de Acción Educar.
