Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.
Luego de la dura crítica que hicieron los diputados de oposición de la Comisión de Educación por el “tour trip” que encabezó la ministra Marcela Cubillos durante el verano -y que aún continúa- para conocer los testimonios de los apoderados sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), han decidido seguir su ejemplo y anunciaron que iniciarán su propia gira con la idea de obtener testimonios propios. Al parecer, hacer política en terreno no era tan mala idea después de todo.
El actuar de los parlamentarios revela que existe un consenso mínimo en aceptar que el SAE sí enfrenta problemas -ya sea en su implementación o diseño- y que son necesarios de corregir, por ello también crearon una ventanilla de consulta ciudadana en la página web de la Cámara para dejar las inquietudes. Sin embargo, esta actitud receptiva a las preocupaciones de las familias parece no ser más que una parafernalia cuando la decisión de cerrar la puerta al diálogo ya ha sido tomada previamente, manifestando que no aprobarán la idea de legislar el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Parece que la intención de los diputados es conseguir los testimonios que requieren para justificar la decisión que ya han tomado, si no ¿qué sentido tiene ir a escuchar a los apoderados ahora?
Es claro que la discusión dejó de ser técnica y hace rato ya se volvió política, sólo así se entiende que los parlamentarios decidieran que la forma en que el Mineduc ha estado informando no es la adecuada y quieran hacerlo a su manera; o que la respuesta a un proyecto como Admisión Justa sea la “Ley Machuca”, tirando la pelota al corner y sin entrar a ver las falencias del sistema. En esta dinámica es difícil poder hacer las correcciones necesarias que se vislumbraron luego de la experiencia en regiones y que se hacen urgentes de aplicar aún más cuando ya este año se implementará a nivel nacional.
Con todo, es interesante concluir de esta disputa que un sistema de admisión escolar no puede ser meramente técnico, ya que reduce una decisión profundamente racional por parte de las familias a una cuestión procedimental. En último término, los padres esperan una justificación mayor al azar de un algoritmo para comprender por qué su hijo que cuenta con todas las aptitudes y habilidades, no fue asignado en el establecimiento que ellos habían elegido para su educación.
El problema que tienen los diputados hoy no se resuelve mediante una gira express con la respuesta en la boca, jugando al empate; sino que, todo lo contrario: en una discusión donde nos preguntemos cuáles son los principios que queremos que sean parte de la educación de nuestro país -entre ellos el mérito-. Y de qué manera éstos podrán ser incorporados como elementos dentro de un sistema de admisión.
Los testimonios habrán de todo tipo, buenos y malos. La cuestión está en cómo nos hacemos cargo de todos ellos y cerrarse al diálogo no parece muy prometedor para lograr una solución.