Columna en La Tercera: La reforma; una cuestión de imagen

• 9 de Marzo, 2017

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Cada vez que se anuncia un proyecto de ley, debiésemos suponer que existe un diagnóstico preciso de los problemas que se pretenden abordar por esa vía y que se han diseñado los instrumentos adecuados para darles solución. Es el mínimo rigor que se le puede exigir a quienes asumen la responsabilidad de proponer políticas públicas y, por lo mismo, es preocupante que las autoridades den a entender públicamente que esos pasos básicos no se cumplen. Me refiero a la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que el Mineduc viene anunciando como parte de su reforma educacional y a los detalles que la ministra del ramo dio a conocer sobre la materia.

Antes del CAE, el acceso a financiamiento para la educación superior se concentraba en las 25 universidades del Cruch. Su creación durante el gobierno de Ricardo Lagos amplió esta posibilidad a todas las instituciones acreditadas, permitiendo el crecimiento de la cobertura de educación superior y, con ello, mejores oportunidades de desarrollo. Con todo, la tasa del crédito era elevada (entre un 6 y 8 %), lo que generó indeseados niveles de sobreendeudamiento. Para abordar ese problema, bajo el gobierno de Sebastián Piñera se redujo la tasa a un 2% anual y se aseguró que ningún joven pagaría más que el 10% de sus ingresos, favoreciendo con ello a todos quienes ya habían contraído el crédito y a los futuros beneficiados.

Las actuales condiciones del CAE parecen acomodar al gobierno, pero se insiste en su eliminación. El Ejecutivo está en todo su derecho de impulsar esa medida, pero preocupa la incapacidad de las autoridades para justificar la necesidad de legislar sobre la materia y de proponer una mejor opción. Aunque los dichos de la ministra se bastan a sí mismos, conviene destacar las principales conclusiones: 1) la tasa del 2% anual se mantendría y no hay razones para rebajarla; 2) la eliminación del CAE no conlleva la supresión del sistema de créditos, toda vez que se distingue claramente entre gratuidad, becas y créditos; 3) no hay intención de condonar los créditos ya otorgados, puesto que la ministra tiene claro que “si tú das un crédito, tienes que tener la posibilidad de cobrarlo”; 4) se quiere eliminar a la banca privada del sistema, pero el gobierno no sabe cómo reemplazarla; y 5) la única razón para eliminarlo es según la ministra que “hay una mala imagen del CAE, por eso hay que cambiarlo”.

El sistema de crédito debe ser perfeccionado, pero nada justifica su eliminación, tal como lo confirma la ministra quien reduce el asunto a una mera cuestión de imagen. Ha sido el propio gobierno el que ha contribuido con fuerza a destruir la imagen de esta forma de financiamiento, prometiendo alternativas inviables pero muy atractivas, como la gratuidad universal, e instalando en la opinión pública una idea perversa de los créditos estudiantiles. En lugar de orientar la función pública a la solución de problemas, da la impresión que los esfuerzos se han puesto en generar rechazo hacia mecanismos cuya utilidad el mismo gobierno ahora reconoce y cuyo reemplazo es complejo, generando expectativas sin saber cómo cumplirlas.

Sería una lástima que pequeños cálculos políticos sirvan de guía a un asunto tan relevante. Igual de grave sería que efectivamente se busque la eliminación de un mecanismo que, con las mejoras que se requieran, facilita el acceso y la libre elección de los jóvenes en la educación superior.

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