Columna en La Tercera: Ley de Inclusión; no volver al principio, volver a los principios

• 9 de Enero, 2019

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

En 2015, durante la conflictiva tramitación de la ley que prohibió el lucro, el copago y la selección en el sistema escolar, grupos masivos y organizados de apoderados de escuelas particulares subvencionadas se movilizaron para oponerse. En particular, la bandera de lucha que los unió fue el fin de la selección, lo que calificaron como un menoscabo a su libertad de elegir el establecimiento de preferencia para sus hijos. El gobierno de la Presidenta Bachelet ignoró, desestimó y finalmente desacreditó esas críticas y la normativa se aprobó de todas maneras (hay movimientos sociales más iguales que otros, diría Orwell), dando lugar al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que ya se ha implementado en todo el país, excepto en la región Metropolitana.

El SAE, en sí mismo, ha cumplido las métricas y estándares que se esperaban, logrando que gran parte de los estudiantes sean asignados a establecimientos de su preferencia. No hay manera de saber si colectivamente están mejor que con el sistema anterior. Lo que sí tenemos cierta seguridad, es que el SAE hace imposibles situaciones de discriminación arbitraria que eran una preocupación general en la admisión escolar. Investigaciones serias que se han realizado en base a los datos disponibles muestran que la implementación ha generado un impacto muy menor en la dirección que buscaba, lo que hace pensar (o más bien confirma) que la segregación educacional no es más que un reflejo de la segregación residencial, y que la selección académica operaba en un margen del sistema y no era generalizada. Al parecer los colegios no clasificaban a los niños por el “color de pelo”, como afirmó el ex ministro Eyzaguirre. De cualquier manera, la información disponible es todavía muy limitada para afirmaciones categóricas: debemos esperar a que las familias internalicen la nueva lógica.

En este contexto, el gobierno ha decidido proponer modificaciones al Sistema de Admisión Escolar. Los cambios anunciados tienen en común la idea de reposicionar la importancia del rendimiento académico como variable en la asignación de cupos sobredemandados en el sistema. Por una parte, se autoriza a los establecimientos de excelencia, que cumplan con ciertas condiciones previas, a seleccionar a la totalidad de sus estudiantes, manteniendo un 30% de alumnos vulnerables para asegurar diversidad. Por otra, abre la posibilidad de que todos los liceos seleccionen a partir de séptimo básico hasta un 30% de su matrícula en virtud de su proyecto educativo, luego de cumplir con los filtros establecidos por el SAE (hermanos, estudiantes vulnerables e hijos de funcionarios y profesores).

Respecto de los liceos de excelencia, no se busca retroceder (el SAE seguirá operando para la inmensa mayoría del sistema), sino regular mejor una situación de excepción. En ese sentido, se busca generar las condiciones para un tipo específico de educación pública cuya característica central es una exigencia académica superlativa que tiene como objetivo la movilidad social acelerada y la diversificación de las élites. No es ni el único modelo a seguir ni va a solucionar todos los problemas de la educación pública. Pero en el agregado aporta (como aportaron y aportan el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, el Liceo 1, entre otros) y no perjudican a nadie. La Superintendencia estará a cargo de velar porque estos procesos de selección no sean discriminatorios, de manera que los principios de la Ley General de Educación no se vulneren.

Respecto de la posibilidad de todos los liceos de seleccionar por proyecto educativo, el desafío es mayor. La prohibición total de la selección fue un exceso, fruto de cierta intransigencia ideológica que llevó a los legisladores a convencerse de que toda diferencia es siempre ilegítima, y que el rendimiento de los alumnos es el reflejo perfecto de la billetera de los padres. Cuestionar esto no implica negar que existían situaciones de discriminación arbitraria que debían enfrentarse mediante políticas públicas. El debate que se abre aquí es si acaso es razonable entregar un margen, un espacio acotado a la selección. ¿Qué debe tener esa selección para no ser discriminatoria? Mucho depende del detalle de la norma, que aún no conocemos, pero el desafío central será establecer instrumentos que, permitiendo que se exprese el proyecto educativo de cada establecimiento, se resguarde la no discriminación y no se profundice la segregación.

Así, para que este debate sea fructífero, y no otra gresca como la de 2015, se requiere comprender que lo que se busca no es retroceder ni volver al principio, sino justamente retomar principios y buscar la mejor forma de materializarlos.

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