Columna en La Tercera: Mensajes contradictorios en educación superior

• 19 de Enero, 2018

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

En educación, estas dos últimas semanas han estado marcadas por la acelerada tramitación en el Senado de dos reformas (que solían ser una) de educación superior: la ley de universidades estatales -que crea un marco legal especial para éstas- y la ley de educación propiamente tal, que consagra la gratuidad universal del pregrado y crea una nueva regulación e institucionalidad.

La ley de universidades del Estado promueve la lógica de que los planteles de propiedad pública tienen en sí mismos un valor superior al de los privados. Lo anterior, debido a que estas instituciones reflejarían ciertos valores republicanos de gran importancia, los cuales estarían en obligación de promover mediante su docencia, investigación y extensión. Se trataría de proyectos por naturaleza abiertos, colectivos, participativos e inclusivos, que jamás reflejarían una visión particular sobre el conocimiento o el desarrollo del país, si no que mostrarían y representarían, al mismo tiempo, la diversidad de la nación. Otros privados podrían imitarlos, pero jamás podrían reemplazar al Estado en su obligación de promover esta visión.

Lo anterior suena correcto, aunque dudo que exista o haya existido en Chile una institución de esas características y si bien uno no puede compartir este discurso, lo interesante es evaluar si la normativa que se está proponiendo apunta efectivamente a lograr estos objetivos, sin vulnerar los principios del sistema de educación superior.

Para que las universidades del Estado cumplan con las aspiraciones que el proyecto establece, es necesario que su gobierno interno refleje en la mayor medida posible los intereses y visiones de la sociedad chilena, y no solo del gobierno o de sus académicos o actores internos (estudiantes, funcionarios). Para lograr esto, lo que se requiere es generar equilibrios que aseguren que los distintos agentes internos y externos puedan participar en el devenir de la universidad pero no controlarla totalmente. En esto, la iniciativa -actualmente en trámite- es muy insuficiente: solo tres miembros de los nueve que constituyen el órgano superior son nombrados por externos a la universidad, y todos son nombrados por el Presidente de la República. Los seis restantes son nombrados por los académicos o por el Consejo Universitario, una especie de asamblea representativa de estudiantes, académicos y funcionarios, y ¡nada menos que cinco de ellos son miembros internos de la universidad! ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está la sociedad civil organizada? ¿Y los gremios, empleadores, sindicatos, empresarios, asociaciones? Es lícito preguntarse cuál es la razón para que los impuestos de todos los chilenos deban ir a financiar una aventura académica individual capturada por un grupo cerrado de personas (tan cuidadosas y celosas de sus intereses individuales como cualquier hijo de vecino), en lugar de compartir esta responsabilidad con toda la sociedad. La universidad pública no puede ser autónoma si le da espalda a la sociedad que la sustenta y lamentablemente el Senado ha retrocedido respecto de la propuesta original del Ejecutivo.

En segundo lugar, si estas instituciones estatales son únicas e irrepetibles en su misión pública y republicana, ¿qué justifica que se entreguen fondos basales a las universidades privadas del CRUCh? Se comete una manifiesta incoherencia cuando, en base a la excepcionalidad de la educación pública, se entregan fondos especiales a las universidades estatales, pero acto seguido, se le entrega un trato preferencial a un grupo de universidades privadas cuya única diferencia con el resto es su fecha de fundación. Esto solo puede homologarse a un privilegio nobiliario, totalmente ajeno a -justamente- una república. El estándar deseable en un Estado serio es que todas las instituciones sean juzgadas y financiadas por sus resultados, esto es, por su capacidad de proveer con calidad los bienes públicos que la sociedad espera de ellas. Pero un estándar mínimo es no discriminar arbitrariamente entre instituciones jurídicamente iguales. Y en eso, también, el Senado y La Moneda se equivocan.

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