Columna en La Tercera: Nuevo crédito para la educación superior; dudas persistentes

• 8 de Agosto, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

El Sistema de Financiamiento Solidario para la educación superior propuesto por el Presidente Piñera está empezando a ser analizado en el Congreso. Mientras que la Comisión de Educación del Senado se está ocupando del proyecto directamente, aún de manera muy general, al mismo tiempo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados indaga sobre las consecuencias del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta instancia se ha dedicado en demasía a buscar responsables, exagerando los aspectos negativos de este sistema de financiamiento. Inevitablemente, ambos debates se cofunden, y llevan la discusión hacia lo general y estructural. Esto es lamentable, dado que el sistema viene saliendo de la larga tramitación de la Ley de Educación Superior, y ahora debiéramos estar más preocupados de implementar la pesada normativa, además de corregir y afinar detalles, que de volver a repensar el sistema por completo.

Esto se veía venir. Maquiavelo lo resume mejor cuando dice que las guerras no se evitan, se posponen. El CAE fue un bulto al que el gobierno anterior le hizo el quite para lograr aprobar su electoralmente rentable gratuidad universal. Hoy el gobierno de Sebastián Piñera debe hacerse cargo, pero ello se tensiona con su propia agenda.

¿Cuál es el resultado de esta tensión política? Un híbrido. El proyecto combina la ambición presidencial de hacer una “mejor gratuidad” con la necesidad práctica de un buen sistema de créditos para los alumnos del sistema no gratuito, que permita sobrevivir a las instituciones que decidieron conservar su libertad y autonomía frente al control estatal y el desfinanciamiento que implica la gratuidad de Bachelet. Efectivamente, un crédito que asegure gratuidad en el punto de acceso para los más vulnerables es una alternativa infinitamente mejor para el sistema de educación superior que la costosa y regresiva gratuidad universal consolidada en la ley. Pero esto es políticamente imposible. Aquí se echa de menos algo de pragmatismo por parte de La Moneda, sobre todo cuando fue el Presidente, en persona, el que consolidó la frase “la gratuidad llegó para quedarse”. Se debiera hacer la pérdida: la gratuidad que llegó para quedarse, según las señales que ha dado el gobierno, es la gratuidad de Bachelet. ¿Para qué intentar diseñar una nueva?

La decisión política, profundamente equivocada, de imitar la gratuidad, daña la calidad del crédito que se diseña. Se opta por un crédito que con la finalidad de aumentar su cobertura (y que los estudiantes paguen menos en el presente), recurre a la fijación de aranceles y al control del alza de precios. Se pudo haber optado por un diseño más directo, que combinara explícitamente becas de mérito, créditos contingentes al ingreso con un tope de subsidio igual para todos y copago según nivel socioeconómico. Esto habría asegurado, dentro de límites razonables, la autonomía de las instituciones, la diversidad del sistema, y su financiamiento futuro en miras a crecientes exigencias de calidad.

Con todo, el proyecto del gobierno no requiere de grandes cambios para corregir su rumbo. Pero es urgente hacerlos lo antes posible, de manera de evitar que las distorsiones que se introdujeron con la conocida finalidad presidencial de competir con su antecesora se profundicen.

Leer columna en La Tercera.