Columna en La Tercera: Presupuesto en educación superior

• 31 de Octubre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

La discusión del presupuesto nacional en educación superior es siempre álgida. En años anteriores estuvo fuertemente marcada por la política de gratuidad, que fue inicialmente una glosa presupuestaria. Si bien el erario en esta materia presentado por el Ejecutivo para 2019 está enmarcado en las restricciones financieras que enfrenta el país, logra cumplir con el gran volumen de recursos que la implementación de las reformas del gobierno anterior involucra.

En términos generales, lo aumentos más relevantes corresponden a la gratuidad para los institutos profesionales y centros de formación técnica (13,9%), el incremento de las becas bicentenario (5,1%), el plan de fortalecimiento de las universidades estatales (42,1%), y los fondos de desarrollo institucional para universidades privadas del Cruch (226%) y privadas fuera del Cruch y el mundo técnico superior (2019%). La interpretación de estos aumentos muestra un panorama que en general son buenas noticias.

Para empezar, el aumento de la gratuidad técnico profesional en más de 44 mil millones, comparada con 12 mil millones en el caso de las universidades, muestra que esta política –aunque mal diseñada y nociva para el sistema– al menos está priorizando la educación TP, algo en lo que hay en general bastante acuerdo. El aumento de las becas bicentenario es muy bienvenido por dos razones. En primer lugar, se trata de la beca de mayor cobertura entre las disponibles (cubre hasta un arancel de referencia) por lo que se trata de un beneficio neto para los estudiantes que la reciban. En segundo lugar, trae aparejado la eliminación de una odiosa discriminación: hasta hace dos años, solo los estudiantes que elegían instituciones del Cruch tenían acceso a esta beca. El año pasado, mediante un acuerdo parlamentario, ésta se hizo accesible en un número de cupos muy limitado. Este proyecto de presupuestos la amplía aún más, haciendo las becas de libre acceso para los estudiantes de primer año de instituciones de calidad fuera del Cruch. Es de esperar que, en la tramitación, este beneficio se haga extensible también a alumnos de años superiores. Es importante señalar que estos dos aumentos –gratuidad y becas bicentenario– benefician a estudiantes matriculados tanto en instituciones estatales como privadas.

El resto de los aumentos más destacados viene a cumplir leyes y emparejar en algo la desnivelada cancha de nuestro sistema de educación superior. El aumento en los fondos de desarrollo institucional puede interpretarse como un reconocimiento de la autonomía de las instituciones: se trata de fondos concursables para proyectos de carácter general, como también para fines específicos y estratégicos como el desarrollo curricular, la nivelación académica, la vinculación con el medio o la formación de docentes. Estos fondos aumentan para todos los grupos de instituciones. El aumento de 2019% para las universidades privadas acreditadas fuera del Cruch, que puede sonar alto, es simplemente el efecto de tratar de igualar el monto a repartir entre las 21 casas de estudio privadas acreditadas y 31 IP y CFT (algo más de 4.000 millones de pesos) a los de las nueve universidades privadas dentro del Cruch (3.800 millones de pesos) que también aumenta en más del doble. Sin embargo, estas cifras son bajas cuando se comparan con los fondos de fortalecimiento de las 16 universidades estatales, que aumentan en 42% y totalizan casi 13.000 millones de pesos.

Es difícil, en consecuencia, entender el análisis que hacen las universidades del Estado, al afirmar que han sido perjudicadas. Argumentan que el presupuesto para su fortalecimiento no aumenta, y que no se respeta el espíritu de las leyes anteriores, además de hacer una crítica velada al gobierno por presuntamente favorecer al sector privado. Estas tres afirmaciones requieren ser aclaradas. Es cierto que el programa de fortalecimiento a las instituciones estatales se mantiene en el grueso, pero ahí no se incluyen el aumento de la gratuidad que también las involucra (nótese que, en 2017, 35,9% del presupuesto de la gratuidad fue para las universidades estatales) ni el aumento de las becas bicentenario, a las cuales también tienen acceso. El presupuesto respeta plenamente la letra y espíritu de las leyes vigentes, aumentando en más de 40% los fondos de fortalecimiento y en más de 80% los incentivos al retiro, todo para las instituciones estatales. Finalmente, resulta incomprensible que se afirme que el presupuesto beneficia a las instituciones privadas. Según datos de la Contraloría, las 16 universidades estatales recibieron un tercio de los recursos fiscales del sistema, cuando logran atraer solo al 15% de la matrícula. Y esto no ha variado.

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