Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
Con la promulgación de la nueva Ley de Educación Superior, se creará el Sistema de Acceso que regulará el proceso de admisión a la educación superior y comenzarán a regir nuevas reglas del juego. Con esto estarán involucrados nuevos y diversos actores. Cualquier institución podrá solicitar el ingreso y formarán parte de él las universidades, IP y CFT adscritos a la gratuidad. Por esto, es ahora cuando hay una oportunidad única para abrir una discusión seria y rigurosa sobre nuestro instrumento de selección para la educación superior, cuyos resultados sean transparentes y conocidos por todos, rescatando sus bondades y corrigiendo sus deficiencias.
Es necesario recordar que la PSU fue creada ante la necesidad de vincular la selección universitaria con los contenidos propios de la reforma curricular implementada en la década de los 90. De esta forma, un instrumento con estas características se convertiría en un incentivo para que más establecimientos educacionales adoptaran el nuevo currículo.
Se suponía, a su vez, que una prueba de esta naturaleza sería capaz de predecir exitosamente el desempeño que los estudiantes tendrían en la educación superior: quienes obtenían los más altos puntajes, eran quienes, probablemente, podrían cumplir con éxito las exigencias propias de la vida universitaria.
Ya en 2005, los resultados de la evaluación realizada por la institución de Estados Unidos, Educational Testing Service (ETS), dueña, entre otras cosas, de la prueba TOEFL, mostraba una visión crítica del instrumento e incluso recomendaba, por ejemplo, ajustar la dificultad de la prueba de Matemática, la que sería muy alta para un porcentaje importante de quienes la rinden. El informe de Pearson dado a conocer en 2013, tampoco entrega una visión positiva de la PSU, señalando, entre otras cosas, que la prueba es un muy mal predictor del rendimiento futuro de los estudiantes y que perpetúa los sesgos de género y la brecha socioeconómica.
Todas estas opiniones expertas han sido en gran parte ignoradas por quienes toman las decisiones: la PSU se ha mantenido sin cambios sustantivos a lo largo de su historia y solamente se han hecho pequeñas modificaciones.
Al estar enfocada en el currículo científico–humanista y contemplar contenidos hasta cuarto medio, la PSU no considera la realidad de aquellos estudiantes que provienen de la enseñanza técnica. Es inentendible que el instrumento mida con la misma vara a jóvenes que no reciben el mismo tipo de educación. Si existiera voluntad por resolver este problema, construir una prueba general, que mida contenidos hasta segundo medio, y una segunda prueba que evalúe contenidos específicos, podría ser una medida a implementar en el corto plazo.
En fin, son muchas las propuestas y recomendaciones que se podrían hacer, muchas de las cuales han sido expuestas tanto a la opinión pública como al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, organismo encargado de velar por el buen funcionamiento del sistema de admisión, quienes no han tenido la voluntad necesaria para promover estos cambios. Por esto, es que es más importante que nunca que el Comité Técnico convocado por el Cruch entregue los resultados de la evaluación que han hecho de este instrumento y sus recomendaciones para mejorarlo. No es comprensible que con el tiempo que ha transcurrido desde su conformación aún sus resultados no sean conocidos.
Es urgente y necesario promover un diálogo abierto, transparente y que incluya a todos los actores involucrados, más allá de las cuatro paredes: autoridades competentes, rectores, académicos y expertos en la materia; de forma de poder generar propuestas que no queden solo en una hoja de papel, sino que puedan ser llevadas a cabo en el corto plazo. Un desafío primordial de la implementación de la reforma a la educación superior debe ser que los instrumentos del nuevo Sistema de Acceso sean sólidos, maduros y recojan la experiencia de estos 15 años.