Columna en La Tercera: Reemplazar el CAE

• 12 de Octubre, 2016

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

La Ministra de Educación ha anunciado que, a fines del próximo año, se enviará un proyecto de ley que modificará sustancialmente el actual crédito con aval del Estado (CAE). Esto ha sido el resultado de las múltiples presiones por eliminar dicho instrumento, las que han sido reforzadas por el volumen de los recursos asignados que implica esta política en el Presupuesto Público 2017. Por ejemplo, en relación a la eliminación del CAE, El ex – Presidente Lagos afirmó que “estamos en condiciones de dar ese paso”. Sin embargo, la pregunta que el gobierno debe responder es ¿cuál es el paso a dar específicamente?

La gratuidad universal de la formación de pregrado ya ha demostrado ser una respuesta inútil a esta pregunta, y debe descartarse de plano. No se requeriría el CAE si se alcanzara la gratuidad universal; el problema es que para llegar a la universalidad hacen falta al menos 60 años y un país que no tenemos. Por lo tanto, la gratuidad no es “el paso” a dar en relación CAE. Esto es lamentable, dado que se viene advirtiendo sistemáticamente desde que comenzó el gobierno.

Una diputada del oficialismo, por otro lado, ha sugerido limitar el financiamiento de dicho crédito. El problema de esta estrategia es que supone que el CAE es un maldición a evitar, y no una oportunidad concreta para muchos jóvenes para elegir y acceder a la educación superior, mediante un crédito con contingencia al ingreso y de tasa baja y fija. Sin negar que el diseño original del crédito tenía errores y generó sobreendeudamiento en algunos jóvenes, hay consenso en que el CAE ha permitido la ampliación de la cobertura de manera inédita, y muchos de sus defectos ya fueron corregidos el 2012. Limitar el financiamiento del CAE es necesariamente disminuir los cupos y dejar jóvenes sin estudiar, afectando así a todos los estudiantes no sujetos a la política de gratuidad por glosa presupuestaria, tanto por razones socioeconómicas o por estudiar en una institución que no se ha adscrito. Se trata de una opción injusta, sobre la cual no se debiera persistir ni al corto ni al mediano plazo.

El paso a seguir es perfeccionar el CAE. Y esto no pasa por la lógica de la retroexcavadora ni la reforma a la reforma, sino por un principio más bien simple pero efectivo: aprender, mantener lo bueno y corregir lo malo. El nuevo sistema de créditos que se diseñe debe continuar los aspectos positivos del CAE, esto es: mantener la libre elección de instituciones por parte de los estudiantes, asegurar igualdad de condiciones entre instituciones CRUCH y no CRUCH, y obviamente, una restitución razonable de los fondos prestados, en virtud de los beneficios privados que todos quienes tenemos profesión percibimos.

También deben conservarse la contingencia al ingreso y la suspensión por cesantía, las que por cierto pueden perfeccionarse. Respecto de corregir lo malo, hay dos elementos en los cuales poner atención: el alto costo fiscal de la política y la baja rentabilidad de algunas carreras, que impiden que quienes las estudian restituyan los fondos sin que ello implique una desventaja significativa. Las opciones para esto ya han sido mencionadas en el debate: sacar a la banca privada de esta política, creando un ente estatal que provea y administre los fondos, un sistema de cobranza eficiente pero interno al Estado, que asegure una restitución razonable, y un mayor énfasis en la calidad y mejoramiento continuo de las instituciones y las carreras que imparten.

Cuanto antes comience esta discusión, y se descarte la idea de la gratuidad universal, mucho mejor para los estudiantes.

Leer columna en La Tercera.