Columna en La Tercera: SAE en la mira

• 21 de Agosto, 2019

Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.

Todos los ojos están puestos en el inicio del Sistema de Admisión Escolar (SAE) que el lunes comenzó a funcionar en la región Metropolitana. Las expectativas son muchas y la política no ha estado exenta de debate. Sin duda la magnitud del SAE es significativa, al primer día ya casi 50 mil familias postularon a los colegios de sus preferencias mediante la plataforma y puntos habilitados que estableció el Mineduc para hacer el trámite.

El mecanismo es un aporte importante para dar transparencia y objetividad en el acceso a la educación escolar. Además, entrega información sobre qué quieren las familias, cuestión que tiene un valor innegable para perfeccionar nuestras políticas públicas y focalizar los esfuerzos del Estado en la mejora de la educación. Sin embargo, también es necesario mirarlo con ojo crítico para evaluarlo y hacer seguimiento a aquellos aspectos que representan un mayor desafío en función de la educación que queremos entregar y ello requiere una mirada más profunda.

Las discusiones que surgieron a raíz de los proyectos de ley de Admisión Justa dan cuenta de que aún nos falta mucho por madurar en nuestro debate y lamentablemente las diferencias ideológicas han mermado la posibilidad de lograr consensos, especialmente cuando el punto de partida ha sido la desconfianza hacia el que piensa distinto.

Un sistema que busca maximizar las preferencias de las familias debiese preguntarse por las opciones que tiene para ofrecerles más allá de un criterio de territorialidad. En definitiva, si no hay alternativas difícilmente podemos hablar de elección. Un primer y gran problema es que hoy esa alternativa está reducida a elegir entre buena y mala calidad, y cuando en caso de sobredemanda la asignación es aleatoria, las posibilidades de quedar en un establecimiento de baja calidad son mayores. Un sistema de esas características requiere tener esto presente, pues las percepciones de injusticia aumentan cuando parece no existir una respuesta razonable al no quedar donde se quería, especialmente en un contexto de brechas en calidad tan altas como las nuestras.

Por otro lado, al impedir todo tipo de participación del establecimiento respecto de las familias que forman parte de su comunidad educativa, sin duda desincentiva la creación de proyectos educativos propios. Es el caso de aquellos colegios que en su misión tienen el entregar una educación de calidad a aquellos más vulnerables. Si no pueden darles preferencia a éstos, ¿qué sentido tiene entonces su proyecto? La respuesta es flexibilizar de manera de entregar mayor relevancia al proyecto educativo, permitiéndole a las familias tener opciones diversas al momento de elegir. Finalmente son éstas las que en definitiva le dan vida a la misión que propone el establecimiento y si no hay una identidad con el mismo, este último terminará por desaparecer. Esto importa tanto en términos de oferta como de la calidad, pues la evidencia muestra la importancia que tiene una visión compartida por los miembros de la comunidad y el compromiso en un proyecto particular en los resultados del aprendizaje y desarrollo de los niños.

Por supuesto, en cuanto a la correcta implementación del SAE habrá cuestiones que se podrán resolver en la marcha conforme a la experiencia, como es el caso de la información que se entrega, los plazos, etc. Sin embargo, hay otros ajustes que requieren de una discusión más profunda, dado que no sólo tienen que ver con los mecanismos y diseño de la política, sino con qué tipo de educación queremos. El proyecto de ley Admisión Justa 2, que recientemente fue aprobado en general en la Comisión de Educación del Senado, presenta una buena oportunidad para ello.

Leer columna en La Tercera.