Columna en La Tercera: Universidad Central y gratuidad; una decisión correcta

• 17 de Octubre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Dado el significativo espacio que el proyecto de ley Aula Segura ha ocupado en la prensa, algunas noticias relevantes han sido poco destacadas. Recientemente la Universidad Central informó, contra todo pronóstico, que no adscribiría a la política de gratuidad. Hace algunos meses y tras obtener la acreditación institucional necesaria, la casa de estudios anunció su “explícita voluntad de adherir” a la política. En ese punto, aplicaría la gratuidad según el diseño de la Ley de Educación Superior, ya aprobada en lo sustancial, por lo que lo bueno y lo malo de esa legislación ya era de público conocimiento.

¿Qué puede justificar esta decisión? La misma universidad declaró que tomaba esta determinación para evitar “poner en riesgo el proyecto institucional” y para que no se “afecte la calidad académica que entrega hoy a sus estudiantes.” Sin perjuicio de ello, es evidente que la elección debe generarle dificultades internas considerables, tanto entre los estudiantes potencialmente beneficiados (34% de sus estudiantes son del 60% más vulnerable y tienen CAE) como entre quienes ven la competencia por alumnos frente a instituciones gratuitas como una desventaja y una barrera al crecimiento y sustentabilidad del proyecto. Por lo tanto, la razón debe ser de peso. De hecho, el comunicado resultó muy coincidente con lo manifestado por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile en un medio nacional, afirmando que el diseño de la gratuidad era insustentable en el tiempo, e incompatible con la calidad. Una buena síntesis la proporcionó el rector de la universidad Alberto Hurtado: la gratuidad implica sacrificar calidad por inclusión.

El problema es simple, pero vale la pena explicarlo nuevamente. La gratuidad diseñada en la Ley de Educación Superior obliga al Estado a entregar a cada institución adscrita un monto de recursos, denominado arancel regulado, por cada estudiante matriculado, mientras que al mismo tiempo le prohíbe cobrar y fija sus vacantes. Este arancel se fija en base a costos, pero en realidad depende de la disponibilidad de recursos del país. Para las instituciones de mayor calidad, y por consiguiente más caras, el arancel regulado está por debajo de sus costos. Así, adscribir a esta política produce una merma considerable en los ingresos de las instituciones, los que no pueden ser repuestos con ninguna estrategia: los precios de los estudiantes no beneficiados también están fijados y el número de vacantes es controlado por el Estado. Sin poder crecer ni en precio ni en número, las universidades dependen en el presente y en el futuro de la voluntad del Estado. Ni el desarrollo de su proyecto ni su mejoramiento en calidad tendrán como financiarse.

Lo anterior se advirtió múltiples veces, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El gobierno anterior estaba al tanto de esto, al nivel que fueron ellos quienes llevaron a la Comisión de Educación de la Cámara su propia estimación del déficit de las universidades. Pero el entusiasmo, el voluntarismo y el terror a la calle son una fórmula efectiva. El desfinanciamiento es un problema estructural de la gratuidad que no se soluciona subiendo los aranceles regulados. Las universidades privadas que no reciben aportes basales obtuvieron un pequeño aporte compensatorio, cínicamente disfrazado como recursos para la investigación. Pero no parece suficiente. Con el diseño actual, e incluso llegando al 60% más vulnerable, el diseño de la gratuidad es tan deficiente que afecta a las mismas instituciones y a los estudiantes que dice beneficiar.

La Universidad Central supo leer el escenario y tomo la decisión correcta. El tiempo le permitió ver que las condiciones no cambiarían, y que los menores ingresos solo seguirían aumentando. Se trata, además, de un proyecto educativo gobernado por sus propios académicos, probablemente el estamento más afectado en su desarrollo profesional por políticas deficitarias y mal diseñadas como esta. Han parecido entender, al igual que otras universidades privadas que han decidido no entrar, que la gratuidad es el mejor camino a la pérdida de autonomía, el estancamiento de la calidad y la implosión de los proyectos que tanto esfuerzo les ha costado levantar.