Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.
La discusión educacional de la semana pasada estuvo marcada por los múltiples análisis de los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y, en particular, por la instrumentalización política que se hace de ellos. Mientras que parte de la izquierda la declaró un fracaso y llamó a eliminarla, parte de la derecha identificó en los bajos resultados de los liceos públicos “emblemáticos” el fracaso de la Reforma Educacional impulsada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Vale la pena comentar ambas posturas.
Para afirmar que la PSU es un fracaso, debemos primero identificar cuál es su finalidad y a quién sirve. El objetivo de la PSU no es igualar las oportunidades de estudiantes que provienen de distintos contextos, establecimientos, familias y orígenes socioeconómicos. En efecto, usar una prueba estandarizada para este fin es una contradicción en sí misma: todos los test están fuertemente correlacionados con el nivel socioeconómico y, por lo tanto, es indispensable considerar esto antes de hacer comparaciones. Es absurdo que el mundo político rasgue vestiduras cuando la PSU no hace más que mostrar los problemas ampliamente conocidos de nuestro sistema educacional y que las reformas no han podido solucionar: baja calidad general y segregación socioeconómica. Esperar que los corrija es tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es entonces el objetivo de la PSU?
No es difícil darse cuenta que la clave está en el nombre: la PSU busca seleccionar específicamente para la universidad. Esto tiene consecuencias claras. Primero, es un sistema diseñado por y para las universidades y, en particular, para las del Consejo de Rectores, pero no para toda la educación superior.
Por esto, es natural que el sistema de admisión que se basa en la PSU tenga ventajas para las universidades: es eficiente, rápido y claro, ordenando a los estudiantes en una inapelable lista de fácil comparación. Según algunos estudios han establecido, el puntaje de la PSU tiene cierta predictibilidad sobre el rendimiento en el primer año de universidad. Al parecer esto es satisfactorio para las universidades: datos del Mineduc dicen que la retención al primer año en las universidades fue de 77,2% en 2015.
Sin embargo, para los estudiantes tampoco es totalmente inconveniente: es un sistema “ciego” que no da espacio para discriminaciones arbitrarias ni “pitutos”, y que cumple con permitir una libre elección en un momento de muy posibles confusiones vocacionales. El mismo puntaje sirve en gran medida para postular a carreras muy disímiles en instituciones también muy diferentes. Estas ventajas no deben ser tomadas a la ligera, sobre todo cuando se habla de eliminar la PSU sin mucha claridad sobre qué instrumento podría reemplazarla.
Segundo, y dado que el test está diseñado para el ingreso a la universidad (no para los centros de formación técnica) la prueba no es apropiada para estudiantes de la modalidad técnico profesional (TP), que compone alrededor de la mitad de la matrícula y cuya finalidad declarada es preparar a los alumnos para el mundo del trabajo. Los estudiantes que asisten a estos establecimientos tienen once horas semanales de formación general, mientras que los de establecimientos humanístico-científicos (HC) tienen 27 horas. Es esperable que los resultados de un test de admisión para la universidad muestren en promedio estas diferencias. En otras palabras, el hecho de que en promedio los alumnos TP obtengan más de 70 puntos menos en matemática y cerca de 80 puntos menos en lenguaje que los HC es ilustrativo de lo inadecuada que es la PSU para esos estudiantes.
Respecto de los bajos resultados de los liceos emblemáticos, es evidente que no se deben a reformas que aún no han sido implementadas. Es posible que la baja sistemática en los resultados en la PSU de los establecimientos públicos de alto rendimiento (que se observa también en el Simce de 8° y segundo medio en el caso del Instituto Nacional) sea el resultado de la permanente politización de estos, que ha llevado a tomas y paros de larga duración, como también a la poca firmeza con la que los municipios responsables han actuado. De eso, la coalición de Gobierno no puede desentenderse.
Así, los resultados de la PSU son poco más que un reflejo de los problemas y conflictos que enfrenta nuestro sistema educacional. La discusión sobre cómo se regula el acceso a la educación superior es secundaria frente a las deficiencias del sistema escolar. Lo clave a tener en mente es qué debemos hacer para avanzar en la dirección correcta.