Columna La Tercera: Educación, medios y fines
Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
El proyecto de reforma tributaria recientemente presentado al Congreso hace urgente la necesidad de conocer los contenidos específicos de la reforma educacional que se quiere llevar a cabo y a la que, según se ha dicho, se destinará parte importante de la mayor recaudación que se pretende conseguir. Urge explicitar los montos involucrados en la reforma educacional, pero más importante es conocer cómo se implementará y, sobre todo, justificar que las medidas propuestas sean efectivamente las adecuadas para conseguir los objetivos planteados.
En el debate en educación se han confundido los objetivos con los medios para alcanzarlos, y se ha reflexionado poco respecto de sus consecuencias. En este contexto se ha instalado una sensación de apoyo popular a medidas cuyo detalle es desconocido y cuyos alcances no concitan el mismo nivel de respaldo. Así, quienes comparten los objetivos generales de la reforma educacional propuesta en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet no necesariamente coinciden en los mecanismos para alcanzarlos, toda vez que podrían generar efectos contrarios a los deseados. En tal sentido, es importante transparentar la discusión, para que los ciudadanos puedan informarse respecto de las consecuencias concretas de los proyectos que el gobierno enviará al Congreso y puedan juzgar si corresponde respaldarlos.
Existe acuerdo en disminuir la carga financiera de las familias cuando deciden ingresar a la educación superior, pero para alcanzar este objetivo no se requiere limitar la capacidad de elección, y cabe preguntarse si esa restricción concita el mismo nivel de apoyo ciudadano. Asimismo, hay acuerdo en abordar temas como calidad, acceso y financiamiento de la educación, sin embargo, no hay consenso en que ello se haga en desmedro de la diversidad de proyectos educativos. Ambos elementos han sido esenciales en los logros de nuestro sistema educacional. Cabe destacar el informe de la Ocde y el Banco Mundial (2009), apoyado por el Ministerio de Educación de la época, que elogiaba la diversidad de nuestro sistema de educación superior y planteaba el desafío de diseñar políticas públicas que reconocieran y potenciaran esa valiosa pluralidad.
La omisión de las medidas concretas a implementar en materia educacional no obedece a un adecuado diseño de política pública, que requiere identificar, primero, las necesidades; luego, diseñar los instrumentos para satisfacerlas y, sobre esa base, considerar el costo de su implementación.
Ante el anuncio de un mayor gasto en educación, ciertos grupos de interés ya han levantado banderas a favor de un tratamiento exclusivo, sin que éste tenga un real impacto en mejorar la calidad del sistema. Por el contrario, tiende a potenciar inequidades que los últimos gobiernos se han esforzado en disminuir. Una posición clara del Ministerio de Educación debiese servir de freno a esas presiones y permitir que los recursos se destinen a políticas que, por ejemplo, terminen definitivamente con la discriminación arbitraria en el trato que el Estado da a los estudiantes de igual condición socioeconómica, por el solo hecho de acceder a un determinado tipo de universidades.
Escrito por Raúl Figueroa Salas
Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.
