Columna en La Tercera: Legados y políticas de educación

• 25 de Mayo, 2017

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

Sylvia Eyzaguirre y Gonzalo Muñoz han sostenido un intercambio en este medio respecto de cuáles serían las características de las próximas políticas que requiere el sistema escolar. Ambos parecen haber convenido, al menos, en que la agenda del próximo gobierno no debiera ser desarticular las políticas vigentes o en implementación. Lo que llama la atención es que en esta discusión se haga una evaluación incompleta de las políticas de calidad puestas en marcha desde el 2009, por lo que conviene tener a la vista más antecedentes.

Las políticas de calidad de la educación del gobierno anterior no han sido totalmente implementadas, en efecto, el gobierno actual hizo un trabajo preciso y silencioso para desarticularlas. Algunos ejemplos: se retrasó por decreto la puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; se limitó fuertemente, vía Ley de Presupuestos, la entrega de información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes a los padres y comunidades educativas a nivel de escuela; se redujo la información disponible sobre el sistema al disminuir el número y frecuencia de pruebas Simce, lo que afecta la calidad y confiabilidad de la clasificación que permite identificar a los establecimientos que más ayuda necesitan. La Agencia de Calidad de la Educación ha perdido su foco y se encuentra dedicada programas de radio y a elucubrar en base a corazonadas e infografías el efecto de la tecnología sobre la lectura. No se ha hecho público ningún informe de orientación de las escuelas, a pesar de haberse invertido más de 6.000 millones de pesos en 2016 en esta tarea. El proyecto de ley de desmunicipalización trae una sorpresa adicional en esta misma línea: si se aprueba esta norma, las consecuencias de la aplicación del sistema de aseguramiento de la calidad se postergará en al menos 8 años para los establecimientos públicos que se transfieran a los servicios locales. Se reestableció, contra el espíritu de la ley, la función de supervisión de los establecimientos por parte del Ministerio de Educación, aumentando aún más la presión y carga administrativa sobre las escuelas y confundiendo los equilibrios institucionales.

No le sorprenderá a nadie, entonces, que los efectos de las políticas del gobierno anterior sean difíciles de observar, cuando se han hecho todos los esfuerzos por postergar o evitar su aplicación. Despreciarlas, por lo tanto, es un acto de simplificación que refleja una reflexión incompleta.

¿Qué ocurre con las políticas de este gobierno? No sabemos la tendencia política de la próxima administración, pero en algún momento será necesario transparentar si acaso existe alguna evidencia que muestre que las actuales reformas (1) aumentan la matrícula estatal sin restringir alternativas (2) mejoran los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación pública, (3) disminuyen la segregación, (4) permiten la diversidad de proyectos educativos, entre muchas otras promesas, que hagan valer el enorme costo fiscal y administrativo que la Ley de Inclusión ha implicado. En otras palabras, todavía queda para ver si “quitar patines” y “comprar fierros” ha valido la pena. Además, lo más probable es que, tal como ocurrió con la Jornada Escolar Completa, la inmensa inversión pública en educación no se refleje en logros de aprendizaje. Es de esperar que quienes defienden las actuales reformas estén dispuestos a asumir su fracaso, si aquello ocurre, usando las mismas varas con las que miden reformas anteriores.

Ver columna en La Tercera.