El reciente nombrado Consejo Consultivo para la reforma a la educación superior parece una señal positiva en cuanto implica el reconocimiento a la necesidad de revisar la política en cuestión y generar una instancia de mayor reflexión, dando la posibilidad a personas externas al ministerio de aportar con su visión.
Durante las últimas semanas se ha intensificado la incertidumbre y la confusión respecto a esta reforma tras una serie de cambios anunciados por parte del gobierno respecto a las condiciones que se exigirán para que una institución sea elegible para la gratuidad del 2016. Lo anterior se suma a las múltiples y transversales críticas que generó el documento Bases para un nuevo sistema nacional de educación superior, en el cual el ministerio estableció los lineamientos de la reforma que pretende impulsar.
Frente a este escenario, es de esperar que el mencionado Consejo tenga la posibilidad cierta de corregir el rumbo en esta materia, centrándose en los objetivos y abandonando ciertos instrumentos que son incompatibles con su logro.
Junto con reconocer la experiencia de quienes componen la instancia, creemos que hace falta la integración de otros expertos que tengan un conocimiento más completo del mundo de la educación superior, que incluya al mundo técnico y universitario privado, más allá de las instituciones del Consejo de Rectores.
Lo anterior, necesariamente debe ir enmarcado en una discusión profunda, donde el gobierno se abra a escuchar opiniones y críticas, se haga cargo de los efectos negativos que podrían producirse y tenga la flexibilidad necesaria para buscar los instrumentos más adecuados.