El gobierno anunció que para el 2016 se partirá con una gratuidad para el 60% de menores ingresos, aunque sólo para quienes asistan a universidades del CRUCH, IP o CFT acreditados y sin fines de lucro, criterios que resultan arbitrarios e injustos. Con recursos similares se podría financiar las carreras del 30% más vulnerable de todas las instituciones acreditadas, evitando discriminaciones sin justificación.