Proyecto de ley que crea nuevas universidades estatales implica discriminación por tipo de institución
El proyecto de ley que envió recientemente el Gobierno al Congreso establece que las nuevas universidades estatales de O´Higgins y Aysén serán eximidas del proceso de licenciamiento y que pertenecerán de manera automática al CRUCh.
En el Título I del proyecto de ley se establece que estas universidades serán autónomas, es decir, se les exime del proceso de licenciamiento que requieren todas las instituciones privadas de educación superior una vez creadas y que permite que el Consejo Nacional de Educación (CNEd) monitoree cómo el proyecto educativo está siendo implementado. Dicho proceso tiene una duración que puede variar entre 6 y 11 años.
Este aspecto hace surgir la inquietud de cómo se velará por la calidad de esas instituciones en sus primeros años y significa un acto arbitrario y discriminatorio respecto a las reglas a las que se sometieron otras universidades nuevas. Cabe recordar que las universidades regionales derivaron de las sedes de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado por lo que ya tenían una trayectoria que justificaba, en parte, su comienzo como instituciones autónomas. El hecho de que sean estatales no debiera ser motivo suficiente para eximir a estas universidades de la etapa de licenciamiento, la cual busca evaluar el desarrollo del proyecto educativo en variables importante como docentes, programas de estudio, infraestructura, recursos económicos, etc.
La iniciativa legal establece además que estas dos nuevas instituciones nacerán como miembros del Consejo de Rectores (CRUCh). Esta disposición también revela una arbitrariedad y discriminación, ya que en el pasado han sido varias las instituciones que han solicitado ingresar al CRUCh y no han sido admitidas por el Consejo. Se abre la pregunta de por qué otras instituciones que han demostrado aportar en bienes públicos y que cuentan con tradición, no han sido aceptadas. Este aspecto es relevante en el ámbito universitario, debido a que el Consejo de Rectores tiene un rol de coordinación de la enseñanza de nivel superior y la investigación científica y tecnológica y por otra parte, las instituciones del CRUCh tienen acceso exclusivo a recursos que entrega el Estado a las instituciones que son parte del Consejo.
Otros aspectos que la ley podría abordar
Tanto en la discusión legislativa como en el proceso de implementación debieran despejarse algunas otras dudas. Por ejemplo, un aspecto a definir tiene relación con el sistema único de admisión a las universidades (al que pertenecen todas las instituciones del CRUCh, más 8 privadas), donde muchas instituciones han intentado ingresar pero ello no ha sido permitido por el CRUCh ¿estas nuevas universidades estatales ingresarán a este sistema de manera directa?
A nivel más general, el Gobierno ha establecido entre sus ejes un “cambio estructural” a la educación superior. Sin embargo se observa que estas nuevas instituciones que se pretenden crear, funcionarían, según el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, bajo la misma lógica vigente.
Por ejemplo, al menos respecto a los que define el proyecto de ley, no se aprovecha la oportunidad de innovar en tópicos que han sido ampliamente discutidos en el último tiempo como perfeccionar los gobiernos corporativos de las instituciones estatales o el marco laboral en que se desempeñarán sus docentes y funcionarios que actualmente limitan la capacidad de gestión de éstas.
A propósito de esta discusión es pertinente conocer los pasos del proceso vigente para abrir y operar una institución. Para acceder a esta información se puede revisar la publicación de Acción Educar “A propósito de la propuesta de crear nuevas instituciones estatales de Educación Superior”.
