La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley que crea dos nuevas universidades estatales en las regiones de O’Higgins y Aysén. “La creación de estas instituciones se enmarca y es una parte fundamental de la reforma al sistema educativo que estamos llevando a cabo, porque nuestro propósito es constituir un sistema público que nos permita brindar educación de calidad y oportunidades a todos los jóvenes de nuestra patria”, dijo la mandataria, haciendo alusión al objetivo de descentralizar la educación y promover un desarrollo cultural, científico y económico mucho más armónico en cada región.
Sin embargo, organizaciones como Acción Educar cuestionan la pertinencia de esta iniciativa, considerando lo sucedido con otras instituciones, también de carácter estatal, las que tuvieron que cerrar sus puertas debido a la baja matrícula en la zona. De acuerdo a una investigación realizada por la organización, la que recoge cifras del Servicio de Información de Educación Superior, de 10 instituciones que funcionaban en la región de O’Higgins, tres dejaron de funcionar producto de la fuga de estudiantes: Universidad Arturo Prat, Universidad de Los Lagos y la UTEM (Ver Info).
A juicio de Raúl Figueroa, Director Ejecutivo de Acción Educar, esto ocurrió porque en esas regiones ya existe una oferta que resulta ser atractiva para la población. “Si uno mira a nivel regional, en el caso de la VI región, la cobertura tampoco es baja. De hecho, está dentro del promedio nacional, e incluso mejor que alguna regiones del país”. A esto se suma que los jóvenes no siempre ven el estudiar en su región como una alternativa. “En el caso de la región de OHiggins, el estudiar en Santiago no presenta una gran dificultad. Las distancia es bastante corta, y entre jugársela por un proyecto cuya calidad es dudosa y optar por un proyecto de calidad reconocida, que puede estar a una distancia razonable, los estudiantes optan por esa alternativa. Entonces el diagnóstico de que es una necesidad imperiosa el instalar universidades del estado evidentemente no es correcto, y así lo demuestran los fracasos que han habido en estas mismas regiones”.
Otro aspecto que es cuestionado en el mismo estudio es la calidad que tendrían las nuevas instituciones, ya que estas estarían exentas del proceso de licenciamiento. Éste consiste en la aprobación del proyecto institucional y el proceso que permite evaluar el avance y concreción del proyecto educativo de la nueva entidad, a través de variables significativas de su desarrollo. Para eso las nuevas entidades tienen que presentar al Consejo Nacional de Educación un proyecto de desarrollo institucional, que en el caso de las nuevas universidades regionales no sería exigido.