Cronograma para reforma educacional: “No es razonable ni menos conveniente pretender su total discusión y aprobación en plazos tan acotados”
La Ministra de Educación anunció recientemente un nuevo cronograma que fija los plazos para la aprobación de los proyectos de ley más importantes de la reforma educacional. Según ha sido informado en la prensa, el proyecto de carrera docente se despacharía en diciembre de 2015, el de desmunicipalización en junio de 2016 y el de educación superior en julio de 2016. Cabe tener en cuenta que los 2 últimos no han sido ingresados al Congreso, habiéndose anunciado que el de Nueva Educación Pública (desmunicipalización) lo haría a fines de septiembre y el de educación superior, que debería comprender desde financiamiento pasando por marco regulatorio, institucionalidad y aseguramiento de la calidad, para diciembre del presente.
En virtud de la importancia de las reformas planteadas y de lo acotado de los plazos anunciados para su tramitación, se estimó conveniente destacar el tiempo que demoró la tramitación de la legislación que constituye el marco de nuestro sistema educacional (ver cuadro completo más abajo). Al respecto cabe mencionar que la ley que establece el sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización, que tuvo su origen en los acuerdos logrados en torno a la Ley General de Educación, demoró 4 años y 2 meses en su tramitación legislativa. Asimismo, la Ley General de Educación que nació luego de un acuerdo transversal requirió de 2 años y casi 4 meses en su tramitación. En materia de educación superior, la ley que creó el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se discutió en el Congreso durante 3 años y casi 6 meses, mientras que la que creó el Crédito con Aval del Estado lo fue durante 2 años y 1 mes aproximadamente.
Al respecto, el director ejecutivo de Acción Educar Raúl Figueroa afirmó que “los breves plazos que se han anunciado desde el Ministerio de Educación para aprobar los proyectos de ley que constituyen la reforma educacional no guardan relación con la forma en que históricamente se han discutido estas materias en Chile”. Proyectos emblemáticos como la Ley General de Educación, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, tanto escolar como superior o el Crédito con Aval del Estado, por mencionar algunos, demoraron su tramitación en el Congreso entre 2 y 4 años.
También advirtió que “ante la falta de consensos y la alta complejidad técnica de los proyectos que se deben discutir, no es razonable ni menos conveniente pretender su total discusión y aprobación en plazos tan acotados como los autoimpuestos por el gobierno. Lo anterior es más evidente cuando en el caso de educación superior y desmunicipalización ni siquiera existen los proyectos”.
Este tipo de políticas exige una discusión legislativa profunda y amplia, que es incompatible con los plazos anunciados y que tampoco coincide con la experiencia legislativa nacional en materia de educación. “Antes que establecer plazos, se debe tener claridad en los objetivos y trabajar para lograr los consensos necesarios que permitan consolidar buenas políticas de largo plazo”, señaló.
