Diario Concepción: Raúl Figueroa: “Es evidente que lo implementado vía presupuesto influirá en la Reforma”
Por T. Merino Macchiavello
Chile tiene una tasa de cobertura en la educación superior al promedio de los países desarrollados agrupados en la Ocde, aumentando en ocho veces en los últimos 25 años la cobertura para los jóvenes más vulnerables. De este modo, asegura Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, pasó a ser uno de los países más equitativos de la Región.
Figueroa es parte de quienes defienden la entrega de gratuidad por medio del sistema de becas como mecanismo definitivo para la Reforma. A partir de este sistema, agrega, el país ha logrado superar a otros como Argentina y Brasil, que cuentan con instituciones gratuitas financiadas directamente por el Estado mediante aportes basales. “Desechar las becas como forma de financiamiento es un error”, sentencia.
“Los aportes basales fomentan el lobby de las instituciones, cuyo financiamiento dependerá de su poder negociador con el Estado; además, implican la imposición de ciertos criterios distintos a la calidad de las instituciones o las necesidades económicas de sus estudiantes, conduciendo a discriminaciones arbitrarias que no tienen cabida en Chile”.
– ¿Por qué las becas son más adecuadas?
– Promueven la mejora continua de las instituciones que deben ofrecer proyectos atractivos para que los alumnos las escojan y, por otra parte, facilitan la libre elección de los jóvenes ya que les entrega un beneficio económico para costear su carrera en la medida que postulen a una institución acreditada. Además, implican una adecuada focalización de los recursos públicos, ya que las becas se entregan a aquellos que más necesidades económicas tienen.
La gratuidad universal vía aportes basales implica eliminar las becas y créditos, es decir, será el único método de ayuda estatal para financiar las carreras de los jóvenes y, por lo tanto, quienes se matriculen en planteles que no sean parte del grupo de las instituciones gratuitas, no tendrán posibilidad de acceder a ninguna ayuda del Estado. Lo anterior lleva a un sistema con segregaciones profundas que, por diseño divide entre instituciones gratuitas y las no gratuitas, donde los estudiantes de menos recursos sólo podrán optar por las primeras restringiendo sus opciones de escoger, y las instituciones no gratuitas perderán diversidad en su matrícula, ya que sólo podrán optar a ellas quienes puedan pagar el arancel íntegro.
– ¿Cómo ha influido la presión de los distintos actores sociales en la implementación de la gratuidad?
– No hay duda que ciertos sectores minoritarios son los que presionan e impiden que la Reforma tome un rumbo adecuado. Por ejemplo, cada vez que desde el Gobierno se esboza que la manera de avanzar es mejorando las becas, los rectores de las universidades del Estado se resisten; asimismo, si el Gobierno anuncia que parte del financiamiento podría ser una especie de crédito a los estudiantes, la Confech anuncia una marcha en contra.
Las 16 universidades del Estado representan sólo un 15% de la matrícula de pregrado todo el sistema y la Confech tiene capturada la voz de los estudiantes.
Lo que el Gobierno debe hacer es enfocarse en los objetivos y escoger los mejores instrumentos para conseguirlos, sin amarrarse a ideologías. Incluso si de gratuidad se trata, Chile ha avanzado en esa materia en los últimos años de manera significativa mediante becas y no se ve la razón para abandonar ese camino.
– ¿Qué tanto puede influir la decisión que se tome para la glosa en lo que será la Reforma?
– La ley de presupuestos no es el instrumento adecuado para llevar adelante una política de esta naturaleza, cuyos efectos son apreciables en el largo plazo y donde un mal diseño puede significar grave daño al desarrollo del sistema educacional. Se requiere una discusión profunda y especializada, que el contexto de la ley de presupuestos no permite.
Aunque tiene una duración acotada a un solo año, es evidente que lo que se implemente vía ley de presupuestos influirá en el diseño definitivo de la Reforma, considerando que las normas, por transitorias que sean, van guiando el comportamiento de los ciudadanos y de sus instituciones. Por ejemplo, si una institución entra a la gratuidad este año y luego se da cuenta que no es conveniente seguir, es muy difícil que revierta su decisión aunque esto implique que termine desfinanciada y con un estándar de calidad menor.
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