En entrevista exclusiva con el Diario de la Educación, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, enumeró varios ejemplos para advertir “lo difícil que se presenta el futuro de la educación en Chile”.
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Al conocer el análisis del borrador de la Convención Constitucional en este tema, cuyo texto final deberá votarse por la ciudadanía en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, afirmó que “uno ve que el documento está lleno de pequeñas trampas que hacen imposible pensar que esto no va a tener ningún impacto, por lo cual, hay que tenerlo muy claro de entrada”.
Comentó, asimismo, que “la primera crítica que uno le puede hacer al texto es que, al igual que en muchas otras áreas, no se consideraron otras visiones. No se tomó en cuenta la mirada de los padres y sólo se centraron en la sociedad civil”.
Agregó que “los convencionales quieren, en definitiva, que la educación escolar subvencionada, particular y las universidades privadas, sean un apéndice, una parte marginal, un agregado del sistema, pero que no sea importante”.
A su vez, señaló que “todo lo que se plantea en el texto es una estreches de mirada porque hoy, por ejemplo, 1 millón 900 mil alumnos, estudian en colegios particulares subvencionados y esos establecimientos no tienen protección de ninguna clase en el borrador constitucional”.
Rodríguez dijo que “no cree que lo escrito en el borrador del texto constitucional esté pensado para un cambio brusco, ni tan violento”. No obstante, hizo ver que “en algunas áreas sí podría haber después cambios bruscos porque, en general, lo que se busca, es zanjar el predominio de la educación pública en desmedro de la privada. Es decir, quieren quitarle a uno, para dárselo a otro, en lugar de haber planteado que ambos proyectos son posibles y en el caso de los privados son los más preferidos por la población”.
A lo anterior, añadió que “en la Convención se tomó una opción por la cual el sistema estatal sea el eje, ‘esa es la palabra’, dijo, en circunstancias que el sector público es relativamente pequeño. Es un tercio del sector escolar y todo el resto de la población, el millón 900 mil alumnos, queda sin ninguna protección y eso, en el fondo, lo que muestra es que la convencionales no está cumpliendo su tarea”.
Rodríguez remarcó que “la convención rechazó una serie de indicaciones que resguardaban el derecho preferente de los padres a elegir ‘la educación de sus hijos’ y proyectos educativos diversos, explícitamente diferentes a los estatales”. Resaltó que “esa es la frase, creo que textual (la educación de sus hijos) y es una de las cosas más delicadas porque esa término tiene muchos defectos y está muy por debajo del estándar que establece, por ejemplo, el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí se dice que los padres tienen el derecho preferente de elegir el ‘establecimiento para sus hijos’, no el tipo de educación como dice el borrador”.
A lo anterior, agregó que “también se rechazó un inciso que daba la libertad para los particulares de abrir y administrar establecimientos. Entonces ahí ya es muy clara la cojera o lo vacío que queda el concepto, porque no hay libre elección y no hay también la posibilidad de abrir, administrar y establecer proyectos educativos distintos a los estatales”.
De paso, afirmó que en este capítulo “el Estado pretende controlar, absolutamente, todas las dimensiones de la educación, y en manos de alguien irresponsable. Así, el control del sistema educativo puede ser una tremendo riesgo para la democracia”.
Ante lo que anunció el Ministro del ramo, Marco Antonio Ávila, en cuanto a que el Gobierno tiene que darle curso a un programa trasformador de la educación, el Director de Acción Educar fue categórico: “Yo creo que, dentro de la palabra transformador, existen distintas comprensiones y uno podría preguntarse qué transformará, hacia qué, cómo lo va a hacer, con qué herramientas, y es aquí donde yo considero que el ministro tiene que ser un poco más claro porque lo que hemos visto, por lo menos en su voluntad, es eliminarnos. Se elimina el Simce, se elimina la evaluación, entonces, con qué se reemplaza”.
De igual forma, recordó la afirmación del Ministro de Educación en cuanto a que el CAE “ha sido siempre una mala política pública que ha jugado con la educación como motor de movilidad social”. El Director Ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, comentó que “decir que se ha jugado, me parece una evaluación irresponsable. Decir que se ha jugado con alguien, entonces con quién jugó y qué lo que ganaba. Si él no lo dice, no pude hacer esas afirmaciones”.
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