Acción Educar publicó un documento en el cual se analiza el texto constitucional y se evidencian los posibles riesgos y consecuencias de lo propuesto, tanto para las familias, las comunidades educativas y la ciudadanía.
(Leer noticia en el Diario de la Educación)
Acción Educar publicó un documento en el cual, en 12 puntos, analiza los alcances de la propuesta constitucional en materia de educación y levanta las alertas sobre los riegos y consecuencias que pueden tener, de aplicarse tal cual como está planteado.
Se plantea que la eliminación del derecho y deber preferente de los padres y tutores sobre la educación de sus hijos, hijas, o pupilos, es perjudicial ya que sería más amplio que la libre elección que contempla la propuesta. “Se deja al Estado como el principal educador y relega a un segundo plano a las familias”, se indica.
Respecto de la libertad de enseñanza se indica que la propuesta “no cumple con los estándares internacionales, pues si bien incorpora la libertad de elegir el tipo de educación (una versión mezquina del derecho y deber de educar), no contempla la libertad y autonomía para crear y desarrollar proyectos educativos propios, solo lo hace para los pueblos indígenas”.
En el texto constitucional que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre, se plantean una serie de fines y principios que tendrán que cumplir los establecimientos que serán parte del Sistema Nacional de Educación, y el establecer este listado “taxativo”, según el análisis de Acción Educar, “afecta gravemente la existencia de un sistema educativo que cuente con proyectos diversos y autónomos. Lo anterior afecta gravemente la efectiva elección de los padres sobre la educación de sus hijos en conformidad a sus intereses, convicciones y valores”.
Asimismo, se condiciona la calidad de la educación a estos fines y principios, “a pesar de que la calidad no es un concepto unívoco”. Además, el documento de análisis resalta que al condicionar así “existe incertidumbre en cuanto a quién y cómo se verificará el cumplimiento del estándar de calidad”.
Asimismo, e plantea que el poner como eje estratégico del Sistema Nacional de Educación a la educación pública cuyos esfuerzos del Estado estarán enfocados en su ampliación, fortalecimiento y financiamiento, “podría generar una discriminación de trato entre estudiantes de 1° y 2° categoría, simplemente por no asistir a un establecimiento estatal. El énfasis por la educación estatal desconoce la composición actual del sistema educativo, donde un 55% de la matrícula escolar asiste a colegios particulares subvencionados y un 85% de sus estudiantes son considerados en condición de vulnerabilidad”.
Se destaca el retroceso que hace la propuesta en materia de educación parvularia al quitarle obligatoriedad y alerta que la participación vinculante de las comunidades es riesgosa ya que “decisiones que son estrictamente pedagógicas y estratégicas para un establecimiento, podrían no ser analizadas y tomadas con la debida responsabilidad y razonabilidad necesaria”.
Leer noticia en el Diario de la Educación