Diario Financiero: Acción Educar: Estado deberá fijar arancel a casi 3 mil carreras para gratuidad en 2016

• 1 de Junio, 2015

Por V. Fuentes

El 2016 marcará el comienzo de la aplicación de una de las promesas emblemas del gobierno: la gratuidad universal en educación superior. Y aun cuando el próximo año el Estado sólo costeará los estudios de una porción de los alumnos matriculados en el sistema, el centro de estudio Acción Educar ya advierte una de las principales complejidades de implementar la medida anunciada: fijar el arancel y las vacantes de 2.727 programas de pregrado.

Para llevar a la práctica la promesa de gratuidad, el Estado dejará de ofrecer becas a los estudiantes y pasará a financiar directamente a la universidad. Por ello, le deberá fijar los aranceles a las instituciones de educación superior, así como los cupos que éstas podrán ofrecer, para determinar la cantidad de recursos que le entregará a cada una, considerando que hoy existe una extensa gama de precios que cada universidad, CFT e IP establece para las respectivas carreras que imparte.

El propio jefe de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, especificó que se creará un mecanismo para calcular los valores de las carreras, “perfeccionando” –según dijo- el instrumento del arancel de referencia que se utiliza hoy. Ese perfeccionamiento tiene que ver con hacerse cargo de la brecha que existe entre el arancel de referencia (monto máximo que el Estado paga por concepto de beca a alumnos vulnerables) y el arancel real (el precio que efectivamente cobra la universidad), pues el compromiso de gratuidad es costear la totalidad de los estudios del alumno. En esa línea, el Mineduc especificó que se pondrá un tope a ese monto adicional que el Estado aportará para compensar la brecha.

Sin embargo, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, explica que en el caso de la educación superior es particularmente complejo fijar precios porque “no hay manera de identificar los costos de impartir una carrera, porque ellos dependen mucho de las características de cada institución, considerando la gran diversidad que caracteriza a nuestro sistema educacional, que es algo muy positivo y que se debiese preservar”. Además, precisa que el arancel que cobra cada institución trae implícito los costos de cada carrera, pero también “otros costos que tienen que ver con el proyecto institucional, que pueden ser de administración o investigación, por ejemplo”.

Extender la gratuidad

Acción Educar calcula que para implementar el proyecto en todo el sistema, estableciendo la prometida gratuidad universal, se deberá fijar precios considerando los 12.037 programas de pregrado que existen hoy.

Esto, porque al extender la gratuidad el Estado deberá hacerse cargo de financiar a las universidades fuera del Cruch.

Ello conlleva una dificultad adicional, ya que actualmente esas instituciones privadas perciben sus ingresos principalmente a través de los aranceles que le cobran a sus alumnos –representando el 84% del total de sus ingresos-, en contraste con las universidades del Cruch que sólo el 45% de sus recursos los obtiene mediante el cobro de aranceles.

Cruch recibe un 95% de los aportes que el fisco destina a instituciones

El encendido debate instalado luego de que el gobierno anunciara que la gratuidad en educación superior empezará beneficiando sólo a estudiantes de universidades del Consejo de Rectores (Cruch) -además de matriculados en CFT o IP acreditados y sin fines de lucro-, encuentra sus raíces mucho antes del anuncio del 21 de mayo.

La diferenciación que hace el Estado entre las universidades del Cruch (instituciones estatales e instituciones privadas creadas antes de 1981 y comúnmente llamadas “tradicionales”) y el resto de las universidades que no pertenecen a ese grupo se ha reflejado históricamente en el monto de los recursos que entrega. Según datos de Contraloría, hoy un 95% de los aportes fiscales a instituciones de educación superior son para las universidades del Cruch. Esos recursos son aportes directos para fortalecer el desarrollo institucional y que se otorgan como recompensa a las instituciones de ese grupo que matricula a los alumnos con puntajes más altos en la PSU.

En tanto, las universidades privadas que no forman parte del Cruch sólo reciben un 4% del total de los fondos estatales, que son ingresos a través de fondos concursables, casi siempre para proyectos de investigación. A juicio de Acción Educar “esto constituye una discriminación arbitraria que no se condice con los bienes públicos que las distintas instituciones generan”.

Distinción en becas

Otra diferenciación que hace el Estado radica en los recursos que ofrece, a través de becas, a los estudiantes vulnerables. Así, el monto promedio por beca para cada alumno matriculado en universidades del Cruch sextuplica al que recibe un estudiante de una institución que no pertenece a ese grupo, y es casi tres veces mayor que la ayuda que se le otorga a los alumnos de Centros de Formación Técnica. Ello, considerando que a la beca Bicentenario, que es la más grande al cubrir el 100% del arancel de referencia sin tope, sólo pueden acceder alumnos del Cruch. En contraste, la beca Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio -abiertas para todos- no alcanzan ni la mitad de lo que el fisco destina para la Bicentenario.

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