Carta al director en Diario Financiero: Financiamiento fiscal a universidades estatales
Por Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar.
En una columna publicada en la edición del viernes de Diario Financiero, el vicerrector económico de la Universidad de Chile cuestiona la conclusión de un estudio de Acción Educar en la que se advierte que las universidades estatales han recibido un trato preferente del Estado, basándose en los fondos institucionales que han recibido en los últimos años. En efecto, estas casas de estudio han percibido más del 50% de dichos recursos. El vicerrector rechaza dicha conclusión porque el análisis no considera los fondos públicos que se destinan a los estudiantes a través de becas y créditos.
Sin embargo, para abordar correctamente el debate sobre el financiamiento universitario es necesario hacer distinciones básicas entre los instrumentos de política pública y sus objetivos. Por un lado, las becas y créditos apuntan a facilitar el acceso de los jóvenes a la educación terciaria, resguardando su posibilidad de optar entre diversas alternativas académicas; se trata de un subsidio a la demanda que beneficia exclusivamente a los planteles en la medida que éstos sean atractivos para sus alumnos. Distinto es el caso de los aportes institucionales que el Estado hace a las universidades, ya sea en forma directa o concursable, cuyo objetivo es el desarrollo de la institución y la investigación. Estos recursos, que se justifican por los bienes públicos que las universidades generan, se asignan en Chile por criterios históricos y en menor proporción a proyectos específicos.
Es fundamental hacer esta diferencia para responder la pregunta respecto del trato preferente a las universidades estatales. En el caso de becas y créditos, son los alumnos quienes establecen la preferencia, mientras que el financiamiento institucional depende de la preferencia del Estado.
Las cifras entonces muestran de manera clara la preferencia del Estado por sus universidades. En particular para el año 2014 (último año con datos disponibles de Contraloría), los fondos institucionales se distribuyeron de la siguiente manera: 55% para universidades estatales, 40% para universidades privadas del CRUCH y 5% para universidades fuera del CRUCH. La entrega de estos fondos no se relaciona con el tamaño de la matrícula, de hecho las universidades del Estado reciben solo alrededor de un 27% de la matrícula de pregrado, las privadas del CRUCH un 20% mientras que las universidades fuera del CRUCH un 53%.
De cara a la reforma a la educación superior, es relevante que el financiamiento universitario permita el desarrollo integral del sistema, sin excluir instituciones que cumplen igual función y que son elegidas por los estudiantes.
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Escrito por Raúl Figueroa Salas
Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.
