El Mercurio: Diferencia en aranceles es de hasta $2,5 millones, según tipo de plantel
En el marco de la reforma, expertos difieren sobre cómo se debieran regular los precios.
Por C. Said
Estudiar en un centro de formación técnica o instituto profesional cuesta, en promedio, $1,3 millones al año y hacerlo en una de las ocho universidades privadas adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA) vale en promedio $3,8 millones, casi tres veces más.
Ese es el nivel de diferencias de precios que existen en el sistema de educación superior, cuya regulación será uno de los aspectos del debate de la reforma que el Gobierno presentará en los próximos días.
Según los datos del Consejo Nacional de Educación, los planteles privados del sistema de admisión tienen los aranceles más altos y cobran las matrículas más caras: $357 mil en promedio.
Este año, las 30 universidades que se sumaron a la gratuidad debieron someterse a la regulación de sus aranceles y matrículas, lo que se extenderá a medida que avance esta política. Pero los actores del debate creen que este instrumento no está considerando toda la realidad que viven los planteles.
“Hay un principio que no vemos en la reforma, que es la regionalidad. Es clave que se considere eso al momento de regular, porque no es lo mismo impartir una carrera en Santiago que en Punta Arenas”, dice la vocera de la Confech, Nicole Cornejo, quien cree que debe existir “un marco regulatorio para definir el costo real de los programas, además de la entrega de aportes para investigación a la educación pública”.
Para reducir estas brechas, el director de Acción Educar, Raúl Figueroa, dice que se debieran entregar aportes basales a las instituciones privadas que están fuera del Consejo de Rectores (CRUCh), que tienen buenos indicadores y más años de acreditación. “Esas universidades financian toda su operación sobre la base de los aranceles, sin apoyo fiscal, como en el caso del CRUCh, lo que lleva a que tengan precios más elevados que otras instituciones”, explica.
Pero otros expertos creen que la regulación no se debe basar en indicadores como la acreditación, sino que en base al rol público que tengan. Víctor Orellana, de la Fundación Nodo XXI, dice que “hay que concentrar los recursos en la educación pública, porque ahí se genera una economía de escala”, además de que el Mineduc no cuenta con toda la información del sector privado para generar la regulación.
“Sería un tremendo error que el Gobierno hiciera una regulación mal hecha, porque se le acusaría de estatista y, sin embargo, no se estaría preocupando de potenciar realmente a la educación pública”, puntualiza Orellana.
Entre las carreras, las que tienen precios más elevados son las de la salud, como Odontología y Medicina. Los casos con más altos costos son los de la U. del Desarrollo y U. San Sebastián, donde estos programas alcanzan hasta $7,4 millones anuales.
El decano de Medicina de este último plantel, Luis Castillo, explica que esto se debe al costo de proveer la carrera y a que no reciben aportes fiscales: “Mientras más tecnológicos son nuestros laboratorios, el costo y gasto es mayor, pero también es mejor la educación”, dice.
Pero el presidente del Colegio de Dentistas, Jaime Acuña, afirma que “los altos precios son por la rentabilidad de las universidades, porque a los pocos años lo invertido se recupera, por lo que la reforma debiera introducir regulaciones”.
