Editorial La Tercera: Impacto a la educación técnico profesional
La reforma impulsada por el gobierno que busca consagrar la “gratuidad” universal está provocando fuertes trastornos en el sistema educacional, producto de la improvisación con que se está llevando a cabo. El hecho de que el beneficio se haga extensible en una primera etapa sólo a las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), y a institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) acreditados y sin fines de lucro, dejaría a cientos de miles de alumnos sin acceso a financiamiento, y que hoy sí lo tienen gracias a los sistemas de becas y créditos que entrega el Estado.
Constituye una discriminación arbitraria hacia los alumnos que se privilegie a instituciones según determinadas características, en particular si “lucran” o no, con independencia de las preferencias de los propios alumnos y si acaso son proyectos académicos de calidad. Se asume artificialmente que las universidades del Estado -y próximamente los centros de formación técnica regionales estatales- son superiores a otros proyectos privados, que han demostrado en los hechos su calidad e idoneidad al gozar de la preferencia de las familias. Esta anomalía es de tal gravedad que debería ser motivo suficiente para no seguir adelante con este proyecto, y volver a fórmulas que desde el punto de vista fiscal sean sustentables -una vez en régimen la gratuidad en educación superior tendrá un costo superior a los US$ 4 mil millones por año- y que no discriminen.
Con el paso de las semanas se han ido conociendo otros efectos adversos de la gratuidad. Un estudio que dio a conocer este medio -que realizó Acción Educar- concluye que de aplicarse los parámetros que ha definido el gobierno para acceder a la gratuidad, apenas diez ciudades del país tendrán IP o CFT que califiquen para ello. Así, a la luz de la matrícula actual, implicaría que más de 330 mil alumnos -muchos de ellos pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos- quedarían fuera del beneficio, y apenas 97 mil podrían acceder a éste. Tal circunstancia, además de persistir en discriminar a alumnos de un mismo sistema, constituiría un demoledor golpe a la educación técnico profesional, a la cual asisten más de medio millón de estudiantes. La matrícula a estos centros aumentó fuertemente gracias a que sólo hace algunos años los créditos con garantía del Estado se extendieron a este tipo de instituciones, por lo que resultaría un retroceso inexplicable desincentivar un tipo de formación que para el país resulta altamente beneficioso potenciar.
El que algunas de estas instituciones persigan legítimo lucro no puede ser un factor de discriminación, pues ello ha sido un elemento permitido por la ley y que precisamente ha sido el incentivo para crear un sector educacional dinámico. También resultaría grave que terminara confirmándose que para efectos de “ajustar” el presupuesto a la gratuidad se busque restringir la apertura de nuevas vacantes o se cree un sistema único de selección
Estos antecedentes dan cuenta de cómo se ha ido improvisando en la reforma educacional, todo lo cual sume en la incertidumbre a muchas instituciones y a toda su comunidad estudiantil. Ello ya tiene consecuencias prácticas, pues estando ya casi en agosto numerosas universidades y centros técnicos carecen de reglas claras y no saben a qué atenerse en cuanto a nuevas matrículas, contratación de profesores y otros aspectos propios de su quehacer.
