Columna en El Líbero: Educación superior; Cinco puntos críticos para el Senado

• 17 de Julio, 2017

Por Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar.

Luego de un año de discusión y ante el inminente despacho del proyecto de reforma a la educación superior desde la Cámara de Diputados al Senado, las críticas a su diseño se mantienen. La urgencia que plasmó el Gobierno en su discusión, que tuvo como símbolo una trasnochada sesión de la Comisión de Educación y un fugaz paso por la de Hacienda, no ayudó a despejar las dudas respecto de su alcance, tanto en lo que a responsabilidad fiscal se refiere como respecto del freno que puede significar para el desarrollo futuro del sistema de educación superior.

El Senado tendrá la responsabilidad de enmendar en su esencia el proyecto de ley, lo que requiere tiempo, capacidad de escuchar y, sobre todo, una mirada de largo plazo que ponga el bien del país por sobre el cálculo político mezquino. En un esfuerzo por sintetizar los aspectos más sensibles en los que debiese estar el foco del debate, a continuación se esbozan cinco puntos críticos que requieren ser abordados.

Lo primero es el déficit que la gratuidad, eje principal del proyecto, genera en las universidades. Durante el 2016 esta política, cuya implementación se inició mediante la Ley de Presupuesto, significó para 15 universidades un déficit de 20 mil millones de pesos, que sólo aumenta en la medida que la política se amplíe a jóvenes de familias con más ingresos. De hecho, de acuerdo a una estimación de Acción Educar ese déficit se incrementa en $4.000 millones si la gratuidad se amplía al sexto decil socioeconómico. El impacto en calidad de la pérdida que se genera es evidente y, aunque el Gobierno anunció recientemente cambios en la forma de calcular las transferencias de recursos a las universidades, nada permite señalar que el proyecto asegure una medida concreta para resolver esta situación adecuadamente.

Un segundo aspecto crítico dice relación con el excesivo costo fiscal que la gratuidad universal implica y el carácter regresivo de la política que se propone. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, esta política tiene en régimen un costo de US$ 3.600 millones al año, correspondiente a un 1,2% del PIB, lo que podría aumentar considerando que, como se dijo, genera por diseño un déficit en las instituciones de educación superior y, consecuencia de ello, una presión constante porque el Fisco se haga cargo de suplir con recursos esa falencia. Pero no sólo es una política cara, sino que además es injusta en cuanto a la distribución del gasto público; cuando la gratuidad universal esté en régimen, el Estado estará destinando prácticamente el doble de recursos en los estudiantes provenientes del 20% más rico de la población en comparación al 20% de menos recursos.

En tercer lugar, el proyecto que está por aprobarse en la Cámara de Diputados implica un control estatal excesivo que se contrapone a la necesaria autonomía que se le ha reconocido históricamente a las universidades. Este control se manifiesta en la atribución que se entrega al aparato estatal para fijar los precios y las vacantes del sistema que, paradójicamente, se traduce en restricción de cupos para los más vulnerables y, por ende, en estancar las mejoras en equidad en el acceso a la educación (materia en la que Chile tiene el mejor lugar de Latinoamérica). En la misma línea, la fijación de precios restringe la capacidad de las instituciones de desarrollar iniciativas complementarias y pone un límite a la calidad de sus proyectos.

Un cuarto punto dice relación con la homogenización del sistema y la pérdida de diversidad que ello implica. El nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que se propone conlleva el riesgo de alterar la esencia de determinados proyectos educativos, forzando a todas las instituciones hacia un modelo de universidad compleja difícil de alcanzar. El desafío que tenemos es contar con proyectos de calidad, pero reconociendo la diversidad que facilita que cada joven, con inquietudes y capacidades distintas, encuentre un espacio de desarrollo. La tantas veces nombrada fijación de precios también influye en la inconveniente homogenización de los proyectos, ya que obliga a las instituciones a adecuarse a un modelo teórico de universidad que el Estado utiliza para asignar los escasos recursos disponibles.

Por último, el proyecto en comento tiene diversas disposiciones que entran en conflicto con la Constitución y que, de no resolverse, deberán zanjarse en el Tribunal Constitucional, tal como ya ocurrió con la glosa presupuestaria mediante la cual el Gobierno está impulsando la gratuidad. En términos generales, los aspectos del proyecto que chocan con la Constitución son los que limitan la autonomía de las instituciones de educación superior, tanto en la forma en que se pueden organizar como respecto de las operaciones que pueden llevar a cabo. Además, se aprecia un excesivo control estatal sobre ellas y una mirada restrictiva de la diversidad de los proyectos educativos, que no es compatible con el tratamiento que la Constitución le da a la libertad de enseñanza.

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