Educación superior: Por qué es más conveniente la ampliación de becas y créditos focalizados en vez de la gratuidad universal
La educación superior en Chile ha experimentado un aumento significativo de la cobertura, pasando de un 16% de cobertura bruta en 1990 a un 46% el año 2011 (CASEN). En gran medida este crecimiento se ha debido a la incorporación de entidades privadas al sistema, así como al aumento de la oferta de ayudas financieras para los estudiantes.
El Ministerio de Educación ha anunciado que este año ingresará al Congreso un proyecto de ley para implementar una política de gratuidad en este nivel. Aún no se conoce el detalle de esta iniciativa, por lo que sólo es posible atenerse al programa de gobierno, del que se desprenden, entre otras consecuencias, la creación de un sistema de fijación de aranceles por parte del ministerio y la eliminación de las actuales becas y créditos, convirtiéndose la gratuidad en el único método de ayuda estatal para los estudiantes y cuyo alcance se limita a las instituciones que firmen un convenio con el Estado.
Vale la pena detenerse en la tendencia de otros países respecto del sistema de financiamiento estudiantil. Un estudio de Acción Educar publicado recientemente, concluye que de los 34 países de la OCDE, sólo 3 (Finlandia, Dinamarca y Suecia) cuentan con gratuidad universal. Debe considerarse que en dichos países más del 75% de la educación terciaria es otorgada por el Estado. Lo anterior indica que políticas de gratuidad universal en países desarrollados no son comunes y sólo existen en países con una alta concentración de matrícula estatal. Por otra parte se aprecia que la mayoría de las naciones miembros de la OCDE cuentan con un sistema de becas y créditos, tal como existe en Chile, y que un grupo más reducido ha optado por la gratuidad universal en instituciones del Estado.
¿Cuáles son las ventajas de un sistema de becas y créditos?
Tal como han establecido diversos análisis, entre ellos una publicación de Acción Educar sobre la realidad chilena y otro sobre la situación en Argentina, en atención a la preponderancia de los sectores más acomodados en la matrícula total de educación superior, la gratuidad universal financia primordialmente los estudios de esos jóvenes en vez de centrarse en quienes lo requieren. Por el contrario, las becas focalizadas en los grupos vulnerables permiten utilizar los recursos públicos de una manera correcta.
Otro problema de la gratuidad universal es que implica necesariamente la fijación de aranceles por parte del Estado. Esto significará una gran dificultad para las instituciones privadas que no son parte del Consejo de Rectores (CRUCH), las que a diferencia de lo que ocurre con las universidades estatales o las privadas del CRUCH, sólo pueden financiarse a través de los ingresos que perciben por el cobro de aranceles. De esta forma su adecuación a las nuevas demandas y requerimientos tanto de los alumnos como de académicos, así como su capacidad de innovar y desarrollarse institucionalmente se verán limitadas por las posibilidades que a través de la fijación de sus recursos determine el Estado.
Finalmente una política de gratuidad universal forzará al estudiante más vulnerable a elegir solo entre casas de estudio que se adhieran y firmen el convenio de gratuidad con el Estado, ya que si escoge una institución diferente no tendrá ningún tipo de ayuda estatal. Lo anterior, limitará sus posibilidades de elección con lo que nuevamente serán los alumnos más favorecidos económicamente los que podrán elegir la institución que les interese.
Un camino adecuado y que evite los perjuicios descritos sería avanzar hacia un sistema que a través de becas asegurara gratuidad para los alumnos vulnerables y meritorios, y entregara un mix de créditos subsidiados y becas al resto de los alumnos con necesidades. De este modo, los estudiantes que lo requieran podrán acceder a beneficios que sean suficientes para costear su educación, pero sin ver restringida su elección.
