Efectos negativos del proyecto de reforma escolar que atentan contra la promesa de mayor calidad, equidad y libertad para las familias
Chile ha mostrado avances importantes en las últimas décadas en indicadores relevantes como la cobertura, resultados de aprendizaje y en la reducción de las brechas entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. Se observa que el 88% de las personas entre 25 y 34 años tiene educación media completa superando el promedio de la OECD; en la última medición internacional PISA se alcanzó por primera vez el primer lugar en Latinoamérica en todas las áreas evaluadas y en la última década se ha reducido en cerca de 30% la brecha en aprendizaje entre quienes tienen más y menos recursos si consideramos el Simce de Lectura en 4° básico.
Cualquier cambio que se quiera impulsar debe reconocer estos avances y hacerse cargo de las deficiencias del sistema, construyendo sobre lo que con importantes consensos se ha logrado. El proyecto que prohíbe el lucro, el copago y la selección promete según sus promotores mayor calidad, inclusión y posibilidades de elección para las familias, objetivos que cuentan con amplia aprobación y son parte fundamental de los desafíos de la educación chilena. Sin embargo, lo que resulta grave es que los instrumentos, es decir, las medidas concretas que contiene el proyecto, generarán efectos negativos que atentan contra esos mismos objetivos afectando la calidad, la inclusión y las opciones para las familias.
La discusión en el Senado de esta propuesta es una oportunidad para identificar y hacerse cargo de sus falencias, modificando el proyecto en todo lo necesario para corregirlas. De los efectos negativos que Acción Educar expuso en la Comisión de Educación del Senado, destacamos el que se relaciona con la obligación para los colegios subvencionados con fines de lucro de transformarse en fundaciones, lo que dificulta y pone en riesgo la continuidad de muchos proyectos educativos que hoy exhiben un buen desempeño y que son un aporte para sus comunidades. Corrigiendo por nivel socioeconómico, se pueden identificar a nivel nacional más de mil colegios subvencionados con fines de lucro que superan el promedio de SIMCE en sus regiones.
Otra consecuencia negativa relevante a tomar en cuenta es la que se origina con la imposición a los sostenedores de ser dueños de la infraestructura donde funciona el colegio. Un reciente estudio de Acción Educar muestra que si sólo consideramos a los establecimientos con fines de lucro urbanos, se puede observar que para cumplir este requisito, 1.600 establecimientos deberán en promedio duplicar el gasto que hoy realizan por concepto de infraestructura, incluso si destinan a ello todas sus utilidades. Estas escuelas deberán pagar ese adicional con cargo a la subvención escolar, restándole recursos a otros aspectos como incentivos a profesores o recursos educativos, con lo que podría verse disminuida la calidad de la educación que ofrecen. La otra opción es que decidan cerrar porque no pueden asumir ese gasto.
Es fundamental hacerse cargo de estos y otros problemas y generar las correcciones para evitarlos. El sistema chileno tiene desafíos urgentes como mejorar los aprendizajes de los alumnos, atraer y retener a mejores docentes al mismo tiempo que promover el desarrollo profesional de los que están actualmente en ejercicio, ampliar las oportunidades de acceso a una educación de calidad a los más vulnerables y hacer de la educación pública una alternativa real para las familias.
