Columna en El Demócrata: Diversidad en el sistema de educación superior
Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.
En un contexto de reformas, cabe preguntarse qué condiciones son necesarias para que nuestro sistema de educación superior conserve y amplíe su diversidad. En primer lugar, tiene que ser un sistema abierto a nuevos actores. Esto implica básicamente dos cosas: primero, que exista la posibilidad de fundar nuevos proyectos y de conducirlos por sus fundadores de la manera que ellos estimen conveniente de acuerdo a sus estatutos y principios. Segundo, que no exista una institución rectora que, siendo parte del sistema, vigile y controle a sus pares y evalúe el mérito y pertinencia de nuevos proyectos. Cuando esta institución es además estatal, la arbitrariedad, el conflicto de interés y eventualmente el esnobismo pueden ser graves. En Chile supimos de esto cuando la Universidad de Chile tenía el monopolio de la entrega de títulos universitarios, incluso en el caso de estudiantes que asistían a otras universidades. Es por eso que el hecho que las recientemente creadas Universidades de Aysén y O´Higgins, y los futuros 15 Centros de Formación Técnica estatales se creen bajo la tutela de universidades estatales limitará necesariamente la diversidad a la que estas instituciones podrían dar origen. Es probable que se funden a imagen y semejanza de las instituciones estatales existentes, no todas tan exitosas como a veces se cree.
En segundo lugar, tiene que ser un sistema socialmente inclusivo. El ideal es que la diversidad de la sociedad se vea reflejada en la diversidad de las instituciones. Esta condición impone deberes al Estado:permitir y fomentar la oferta privada, y apoyar financieramente a todos los estudiantes que lo necesitan, sin importar la institución que eligen. Este apoyo no necesariamente debe ser la gratuidad (las becas de mérito y créditos subsidiados son por lejos una mejor opción), más central resulta que la ayuda sea para todos los que asistan a una institución acreditada. Si la ayuda se restringe a las universidades estatales y a un puñado de privadas de preferencia del gobierno (como era el proyecto inicial de gratuidad que el Tribunal Constitucional corrigió), las consecuencias previsibles son el cierre o la transformación profunda de universidades privadas, con una consiguiente pérdida de diversidad y calidad del sistema en su totalidad, o alternativamente, la elitización de las mismas, lo que profundizaría la segregación socioeconómica. Esto nos permite vislumbrar un aspecto adicional: el elemento base de un sistema inclusivo es promover la provisión mixta.
Cabe destacar que lo anterior no implica que el Estado deba financiar cualquier institución. Es en este punto en que la acreditación resulta clave para asegurar un estándar de calidad. Pero nuevamente, es necesario que esta acreditación sea precedida por una clasificación de las instituciones de educación superior que refleje las distintas misiones, proyectos y metas de cada institución y permita la diversidad.En su última reunión con los rectores de las universidades del CRUCH, el gobierno ha adelantado que el nuevo sistema de acreditación será diferenciada cuando se trate de instituciones “complejas” y simples”. Esto es una buena noticia, dado que no todas las instituciones busquen entregar posgrados, y es natural que las que lo hagan deban someterse a procesos más exigentes. Lo mismo ocurre con la investigación y la extensión. Cualquier discusión sobre política de educación superior debe admitir que tanto el ideal de la universidad nacional latinoamericana (como la Universidad Autónoma de México o la Universidad de Chile en los 70) como el del “Oxbridge” de los 60, no pueden ser la referencia de la educación superior actual. Necesitamos una variedad de instituciones, algunas técnicas, otras académicas, algunas docentes, otras centradas en la investigación y desarrollo, algunas centradas en solucionar problemas locales, otras conectadas a redes globales de conocimiento. Y las políticas de acreditación deben tomar nota de ello.
Un sistema de educación superior debe dar a cada estudiante lo que requiere según sus preferencias, necesidades y capacidades. Y para lograr esto, no podemos prescindir de ninguna institución, sea estatal o privada.
Escrito por Daniel Rodríguez Morales
Director ejecutivo de Acción Educar.
