El Demócrata: Menos titulados, desincentivo al contrato y excesivo gasto fiscal; Los riesgos del impuesto a los profesionales

• 8 de Septiembre, 2016

Implementar un impuesto a los titulados de carreras universitarias para financiar la gratuidad en la educación superior, vuelve a sonar en algunos círculos académicos y políticos. El Ministerio de Educación contempló esta posibilidad el año pasado, causando el rechazo en dirigentes universitarios. Hoy son los rectores quienes empujan este sistema.

Por A. Jara

Luego de que los rectores de la Universidad Diego Portales y Alberto Hurtado -Carlos Peña y Eduardo Silva- presentaran esta propuesta en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, varias voces se mostraron contrarios a la idea.

El incentivo a la no titulación, mayor costo económico para los profesionales que un crédito, aumento de la segregación y un significativo gasto fiscal utilizado en financiar el sistema, son algunos de los cuestionamientos que entregaron a El Demócrata Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar y Ricardo Espinoza, ingeniero civil y Ph.D (c) en Economía por la Universidad de Maryland, contra esta iniciativa.

Los riesgos del impuesto universitario

• Incentivo a la no titulación: El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, explica a El Demócrata que los estudiantes podrían optar por desertar en el último semestre de las carreras universitarias, con el objetivo de no estar sujetos a pagar el impuesto una vez titulados.

• Descalce temporal entre gastos e ingresos: Los investigadores Ricardo Espinoza y Sergio Urzúa publicaron un estudio titulado “La inconveniencia de un impuesto a los graduados para financiar la educación gratuita”. Aquí plantean que los recursos podrían percibirse, al menos, 13 años después, lo que implicaría que en ese intertanto mientras egresa la primera generación de graduados -cuando el sistema no es aún capaz de auto financiarse- el Estado debería cubrir un déficit de al menos US$ 20.000 millones

• Impuesto al profesional chileno: Para los autores, esta idea, además, podría generar un desincentivo laboral, ya que el impuesto se traspasaría los empleadores. Ya que “a un mismo nivel de calificación, el incentivo natural será contratar a trabajadores que estén exentos de impuestos, como por ejemplo, extranjeros, o bien, alumnos con estudios inconclusos”.

• Más caro que un crédito: La gratuidad vía impuesto generaría que “un alto porcentaje de graduados terminarían pagando impuestos por un monto superior al del costo de sus programas de estudios”.En este contexto, “el grupo de graduados de carreras más cortas y baratas serían los más perjudicados“.

• Aumentaría la segregación: Desde Acción Educar sostienen que puede ser regresiva si es que se termina gravando sólo a aquellos individuos que asisten a universidades gratuitas, las que se supone deberían recibir al grueso de los alumnos prioritarios, que no pueden optar por una institución pagada. Además, para los investigadores Espinoza y Urzúa, en el caso de las universidades que no adhieran a la gratuidad, podría darse el escenario de que atrajeran a los mejores alumnos o los que provienen de hogares más ricos. Esto incluso podría hacer peligrar el financiamiento de la gratuidad.

• Menores posibilidades para que adultos estudien: Los autores Espinoza y Urzúa se preguntan: si un individuo de 45 años decide estudiar: ¿podría hacerlo gratuitamente? y si lo hace, ¿con qué justificación retribuirá al sistema por menos tiempo?

• Duración de las carreras y retribución posterior: Las carreras de educación superior tienen una duración que varía entre los dos y los siete años. “¿Cómo justificar que la retribución sea la misma (sólo es contingente al ingreso), independientemente de la extensión de la carrera? Alumnos que estudien carreras de menor duración no sólo se beneficiarían menos de un sistema gratuito (costo arancelario menor), sino que, al graduar- se antes, pagarían el tributo por un mayor número de años que aquellos que estudian carreras de mayor duración”, plantea el estudio “La inconveniencia de un impuesto a los graduados para financiar la educación gratuita”.

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