Aunque el Mineduc aclaró que el proyecto de ley no buscará terminar directamente con la prueba, la solicitud para la suspensión del proceso 2022 abrió una discusión sobre su utilidad y continuidad.
La prueba Simce, instrumento estandarizado a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación que busca medir los aprendizajes conseguidos por los estudiantes en diversas etapas de la enseñanza escolar, se tomó el debate de las autoridades y expertos luego que el gobierno solicitara la suspensión de la rendición para 2022 y abriera la opción de su eliminación.
Ante esto, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, señaló que “pocas veces ha sido tan necesario tener una medición comparable con el pasado, pues la catástrofe educacional es todavía desconocida en su profundidad. Para priorizar las políticas de recuperación de aprendizajes se requiere información”.
Respecto a las críticas hacia el instrumento, afirmó que “la prueba no es segregadora, el sistema es segregado, pues nuestras ciudades son extremadamente segregadas territorialmente”. Y agregó: “la ley de Inclusión, por ejemplo, que tuvo como uno de sus objetivos combatir la segregación eliminando el copago, el lucro y la selección, ha tenido escaso efecto. Esos son discursos que buscan apoyar el discurso político en contra del Simce”.
“La principal pérdida es de información. Y no de cualquier tipo de información, sino válida, confiable, comparable y con una serie histórica de más de una década”, sostuvo Rodríguez.