El Líbero: 16 de las 28 universidades que están en condiciones de ingresar al plan de gratuidad quedarían con déficit
Por R. Gaggero
Preocupación existe en círculos académicos tras conocer la glosa presupuestaria que pretende financiar, a contar de 2016, las carreras universitarias de los estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable de la población. Y es que con el plan dado a conocer por el gobierno, 16 de las 28 universidades que cumplirían las condiciones estipuladas por el Ministerio de Educación –es decir, que pertenezcan al Consejo de Rectores o que sean entidades privadas que estén acreditadas por más de cuatro años, que no tengan fines de lucro y que tengan participación interna- terminarían con millonarios déficits si es que deciden ingresar al programa de gratuidad.
Según un estudio de Acción Educar, que construyó un arancel real promedio para cada universidad en base a la matrícula anual, arancel anual y número total de matriculados para cada programa de pregrado (todos datos reportados por el Servicio de Información de Educación Superior para el año 2015), la Universidad Diego Portales sería la más afectada, teniendo que cubrir anualmente $1.371.086 por cada estudiante beneficiado. Ello, porque el arancel real promedio de un alumno de esa institución es de $4.367.635 y la suma del arancel regulado más el suplemento de 20% que propone el gobierno sería de sólo $2.996.549, generándose una diferencia que tiene al rector Carlos Peña (en la foto) criticando duramente el proyecto del Ejecutivo. “La gratuidad va a lesionar de manera severa a muchas instituciones”, dijo hace algunos días en Tele 13 radio.
Otras universidades que quedarían en una compleja situación financiera al ingresar al programa de gratuidad promovido por la ministra Adriana Delpiano son la Universidad Católica, con un déficit de $611.654 por alumno; la Universidad Católica de Temuco, con déficit de $400.121; la Universidad Católica Silva Henríquez, con déficit de $368.974; y la Universidad Alberto Hurtado, con $356.385.
La Universidad de Chile y la de Santiago también quedarían en situación deficitaria en caso de acogerse al plan, ambas teniendo que cubrir $135.000 por alumno beneficiado (ver tabla al final de la nota con todas las universidades que cumplen los requisitos).
Hay otro grupo de universidades que también habrían quedado en una situación deficitaria si se hubiese contemplado solamente el arancel real y el regulado. Sin embargo, al agregarse el suplemento de 20% que propone el gobierno, ya no tendrán que cubrir gastos en caso de que se incorporen al programa. En esa situación están las universidades Católica de la Santísima Concepción, Católica del Maule, de Atacama, de Concepción, de La Frontera, de Playa Ancha, de Tarapacá, de Valparaíso, y Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Para el director ejecutivo de Acción Educar,Raúl Figueroa (en la foto), el principal problema radica en que la fijación de aranceles que hace el Estado “implica necesariamente una asignación inadecuada de recursos, porque el Estado no conoce la estructura de costos de cada institución. Y como no la conoce, se establecen reglas homogéneas para fijar los costos y, en esa homogeneidad, las instituciones que tienen mayores gastos, que tienden a coincidir que son las que tienen estándares de calidad más altos, se ven perjudicadas, porque les fijas un precio que es menor a lo que necesitan para llevar adelante sus proyectos”.
A su juicio, si una universidad decide ingresar al sistema de gratuidad a pesar del déficit que esto acarreará “va a verse en la obligación de adecuar sus programas, lo que puede significar recortar ciertos gastos, incluso perjudicando la calidad”.
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